Ecuador: fuerte rechazo de empresarios al plan de ajuste del Gobierno
Las cámaras de todos los sectores publicaron una carta en la que afirman que “la Ley COVID no amerita el menor análisis”
Publicada 05/05/20
- Buscando recursos para atender la pandemia, el Gobierno de Ecuador presentó un proyecto para imponer un fuerte ajuste fiscal y más impuestos
- En un comunicado, 16 cámaras empresariales ecuatorianas (incluyendo a la Fenacaptur) manifestaron su rechazo a la llamada "Ley COVID"
- El polémico proyecto de ley del presidente Lenín Moreno incluye una reforma laboral, un recorte del gasto y un impuesto a las utilidades
En medio de la crisis sanitaria, el Gobierno de Ecuador está impulsando un paquete de medidas de ajuste económico fomentadas por el FMI, muchas de las cuales habían generado el alzamiento social de septiembre y octubre del año pasado. Las cámaras empresariales emitieron un fuerte comunicado de rechazo a la llamada “Ley COVID”, también criticada por Amnistía Internacional, que además crea impuestos a las utilidades del sector privado.
El 16 de abril pasado, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, presentó un paquete de medidas “de austeridad”, en el marco de una grave crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. Vale recordar que ese país es uno de los más afectados por el COVID-19, sumando a la fecha más de 31.800 casos positivos y 1569 fallecidos (este dato oficial se encuentra en duda y se estima que podría ser mucho mayor).
La llamada “Ley COVID” o "Ley Humanitaria" promovida por el Gobierno y con el impulso del Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye un fuerte ajuste fiscal y una profunda reforma laboral, con muchas iniciativas que ya habían sido rechazadas por la Asamblea Nacional a finales del año pasado, luego de las masivas revueltas en todo el país entre septiembre y octubre.
Efectivamente, el proyecto de "Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19", presentado con carácter de “urgente” (debe ser votada en un plazo máximo de 30 días) incluye la creación de un impuesto a los ingresos de las personas y las utilidades de las empresas; la modificación de las condiciones laborales; y otras medidas para obtener ingresos estatales y mitigar la crisis producida por la pandemia.
La medida fue denunciada por la propia Aministía Internacional, que la consideró violatoria de los derechos humanos. “Ante el devastador impacto del COVID-19 en Ecuador, cualquier medida de austeridad que no respete los derechos humanos pondrá aún más en riesgo la vida y la salud de las personas, especialmente aquellas más vulnerables frente a la pandemia”, aseguró Fernanda Doz Costa, directora adjunta de la entidad para las Américas.
Y, en ese mismo sentido, agregó: “Deben aprenderse las lecciones de la crisis de octubre de 2019. Para evitar nuevos episodios de inestabilidad social en Ecuador, el presidente Moreno debe hacer un análisis serio sobre las implicancias para los derechos humanos que tendrán estas medidas de austeridad y consultarlas adecuadamente con la población. Asimismo, el FMI debe abstenerse de introducir exigencias relativas al pago de la deuda que puedan socavar la capacidad de Ecuador de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales; y asegurarse de que el país tenga la capacidad fiscal necesaria para ese fin”.
Esta semana, HOSTELTUR publicó una videoentrevista con el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo Provinciales del Ecuador (Fenacaptur), Holbach Muñetón, titulada con una frase del dirigente: “Ecuador en vez de darnos un salvataje nos pone impuestos”. Y allí el titular de esa entidad anticipaba la preocupación de todo el sector turístico por el nulo apoyo del Gobierno nacional, ni siquiera en la postergación de pagos de impuestos y créditos.
Ante esta avanzada de la “Ley COVID” que, como se afirmaba, busca legitimar nuevos impuestos al empresariado, Fenacaptur se sumó a una gran cantidad de gremios de distintas industrias para manifestar su rechazo al paquete de medidas, afirmando en una carta conjunta que las iniciativas “no ameritan el menor análisis”.
El comunicado firmado por 16 cámaras y asociaciones de muy diversas ramas de la economía sostiene que en todo el mundo los gobiernos están estudiando de qué manera sostener empleos y rescatar a sus ciudadanos. “Aquí es al revés, el Gobierno pretende que sus empresas y sus ciudadanos lo mantengan”, expresaron.
Asimismo, afirman que no existe empleo sostenible sin empresas sostenibles, y que “el dinero se necesita hoy a través del financiamiento internacional y no en nueve meses, a través de lo imposible”.
En ese aspecto, expresaron: “El Gobierno debe velar por el bienestar de sus mandantes. Medidas de esta naturaleza sólo ahondarán la crisis de liquidez que afrontan ya las empresas y los ciudadanos en desmedro del empleo. El sector privado no puede seguir siendo la variable de ajuste que salve al Estado”.
Finalmente, la carta de los representantes del empresariado, concluye: “Este proyecto debe ser archivado, pues no incorpora mecanismos importantes para la reactivación económica; por el contrario, es confiscatorio e inconstitucional, y únicamente está orientado a extraer más recursos de un sector privado tremendamente deprimido y que requiere oxígeno para sobrevivir. La solución viene por el lado de una reanimación del empleo de manera pronta y planificada, pero sobre todo de la inyección de liquidez que el Gobierno dirija a reactivar el aparato productivo”.
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