Argentina prorroga por otros 60 días la prohibición de despidos

Este martes 19 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de la Argentina el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 487, firmado por el presidente, Alberto Fernández; su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y todos los ministros del Gabinete. La normativa establece, tal como se esperaba, la extensión por otros dos meses de la prohibición de efectuar despidos no justificados o basados en la causa de “fuerza mayor”, en el contexto de la pandemia.

La medida original se había implementado el 31 de marzo (a través del DNU 329/2020), y determinaba la prohibición, también por 60 días, de despedir trabajadores hasta que finalizara la primera etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo cual en aquel momento se estimaba al terminar mayo. Dada la extensión de la cuarentena, el Gobierno ya había sugerido la posibilidad de extenderlo hasta fines de julio, y así lo hizo este martes.

El presidente argentino, Alberto fernández

La novedad de este decreto es que incluye también a las suspensiones, la cuales no se podrán concretar a menos que se desarrollen en el marco de acuerdos especiales entre empresas y sindicatos. En concreto, dispone la “prohibición de efectuar suspensiones con las mismas causales, quedando exceptuadas aquellas que se efectúen en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), es decir, las pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación”.

En este sentido, "aquellos despidos o suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto por este decreto no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”, sostiene el DNU.

La medida se fundamenta en que el Gobierno ha puesto en marcha un amplio paquete de medidas para sostener los puestos de trabajo en el sector privado, como “la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social; la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios; y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios”, además de garantías públicas para el acceso al crédito. Esto último, se debe a que en muchos casos, y dada la magnitud de las solicitudes de ayuda, muchos empresarios han denunciado que todavía no han podido acceder a los beneficios.

Finalmente, el último argumento para la iniciativa es “garantizar la paz social”, en un contexto de emergencia sanitaria, económica y también turística.

Al respecto, tal como lo contó HOSTELTUR y lo detalló la subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes, Eugenia Benedetti, la cartera ya anunció un amplio plan de financiamiento para el sector, que alcanza los AR$ 4.500 millones (US$ 67 millones), destinados tanto a mitigar la crítica situación de las empresas como a comenzar a movilizar el desarrollo de infraestructuras turísticas en las provincias.