Gobierno argentino descarta la “emergencia” y apuesta al “día después”

El martes 7 de julio y de manera virtual, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Argentina dio dictamen favorable al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo y presentado por el diputado oficialista por la provincia de Formosa, Ramiro Fernández Patri.

La comisión, de la cual el formoseño es vicepresidente, analizó nada menos que 13 proyectos, todos ellos con enfoques diversos y en muy pocos de los cuales se mencionaba el concepto de “emergencia económica para el turismo”, tal como venía solicitando el sector privado, que se encuentra en una situación crítica, no sólo por los más de cien días que lleva con facturación cero, sino también por el muy lejano horizonte de recuperación.

El proyecto crea el Plan Nacional de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, para incentivar la demanda para el "día después"

De hecho, el proyecto original de Fernández Patri sí incluía beneficios impositivos y una extensión de los actuales subsidios para el pago de salarios. Pero el Ministerio de Turismo y Deportes, y las otras áreas de Gobierno involucradas en el diseño, argumentaron que se estaba lanzando una gran moratoria nacional y que se aseguraba la continuidad el famoso programa ATP durante todo el período de aislamiento.

Por lo tanto, en su proyecto sólo quedó la creación del Plan Nacional de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, el “Plan Turismo Nacional”, que no incluye esos paliativos específicos para la actividad. Durante la reunión de comisión del martes, desfilaron todos los referentes de las entidades que componen la Cámara Argentina de Turismo (CAT), y en vano trataron de explicar la situación, cada uno con sus solicitudes particulares.

El dictamen, como se señalaba, fue favorable, y ahora el proyecto seguirá su curso por las comisiones de Defensa del Consumidor y de Presupuesto y Hacienda que ya habrían comprometido su acompañamiento. Al cierre de esta publicación, seguían las negociaciones en la Cámara Alta donde, tal como lo contó este medio, se trabaja de manera paralela en la unificación de los proyectos de los senadores Closs, Ianni y García Larraburu.

(Ver: Argentina: qué esperan los empresarios de la “emergencia turística”)

Este medio preguntó a miembros de la Comisión de Turismo de Diputados cuál es el sentido de hacer aprobar por el Congreso un plan que bien podría haber lanzado el Ejecutivo, dado que no incluye modificaciones tributarias, ni laborales. “Hacerlo a través de una ley le da respaldo y garantiza que se cumplirá más allá de las coyunturas, además de que significa un fuerte apoyo político a la iniciativa, porque se alcanzaría a partir de un consenso”, explicaron.

Para repasar su camino, el proyecto ahora girará a las dos mencionadas comisiones de Diputados; luego pasará al recinto para su votación; si se aprueba pasará a comisiones en el Senado; luego a su recinto para la segunda media sanción; y finalmente, su promulgación y publicación. Todo este proceso estiman que llevaría al menos unos 45 días, lo que pondría la entrada en vigencia del plan ya casi en septiembre, fecha en la que se espera están reanudadas las operaciones aéreas en el país.

Programa innovador, ley “marco”

Tal como se señalaba, el sector privado reclamaba una “emergencia económica” para la actividad, y eso no fue incluido en el proyecto, por lo que se puede comprender que el resultado no se evalúa como satisfactorio en ese punto, es decir, en el “hoy”. Sin embargo, algunos dirigentes reconocen que el programa para incentivar la precompra es “un buen plan” y, aunque no se pueda saber todavía cuál pueda ser su impacto, sostienen que al menos es “innovador”.

En concreto, se propone que el pasajero que precompre en 2020 un viaje para 2021 reciba una tarjeta del Banco Nación (un voucher) con una carga equivalente al 50% del valor del viaje abonado, para ser usado tanto en ese destino como un segundo viaje.

Este miércoles, en una entrevista radial, el propio ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, lo ejemplificó así: “Si una familia precompra su viaje a las cataratas del Iguazú por AR$ 100.000, recibirá una tarjeta con AR$ 50.000, tanto para usar allí en gastronomía, atractivos, etcétera, como en otro viaje que decidan hacer”. Además, como la clave para recibir ese beneficio es presentar las facturas, se entiende que se favorece a la economía formal.

El proyecto fue presentado por el vicepresidente de la comisión, el diputado formoseño Ramiro Fernández Patri

Esta acción, además, se complementa con otra medida que, según afirman, apunta a favorecer las reprogramaciones de los viajes que no se hayan podido concretar por la pandemia.

El proyecto de ley da al pasajero que no pudo viajar tres alternativas: 1) “la reprogramación de los servicios contratados, respetando la estacionalidad, calidad y valores convenidos, dentro de un período de 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional”; 2) “la entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas de restricción, los cuales serán transferibles a terceros y deberán brindar el acceso –sin penalidades- a idénticos servicios contratados u otros que pudiera aceptar el cliente”; y 3) “el reintegro de los servicios contratados mediante el pago de tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas dentro de los 21 días hábiles de recibida la solicitud de reembolso”.

HOSTELTUR consultó a uno de los diputados que apoyó la iniciativa: “¿Ustedes pueden asegurar que esos servicios contratados tal vez en 2019 se pueden brindar sin costos extras en 2021?”. “Eso es lo que dice el proyecto, y si se aprueba con consenso, será por ley”, respondió el legislador. Al respecto, este medio insistió: “¿Cómo harán los empresarios de toda la cadena para lograr eso después de meses sin facturación, luego de una devaluación de la moneda y el evidente incremento que habrá, por ejemplo, en los boletos aéreos a nivel mundial, sumados la inflación nacional de base? Además, las compañías aéreas se rigen en general por normas de la IATA respecto a reemisiones y penalidades. ¿Esto fue tenido en cuenta?”. “Todos los detalles se pueden especificar al momento de su reglamentación, así que si hay alguna salvedad se hará en ese momento. Lo importante aquí es que el viaje no se cancele”, contestó.

Aldo Elías, presidente de la CAT, expuso los argumentos del sector privado, aunque también pudieron hablar los presidentes de todas las asociaciones del sector

Y ese es justamente uno de los temas que más preocupa a los empresarios del país, la región y el mundo, porque apunta directamente al corazón de sus finanzas: el punto 3, el de los reembolsos.

Como se lee, la norma daría 21 días al agente de viajes, el hotelero o el transportista para devolver el dinero, con la salvedad de que puedan hacerlo en hasta tres cuotas.

Desde luego, habrá que esperar a la reglamentación, pero hoy los privados están preocupados por el escaso tiempo y por la posibilidad de tener que empezar a devolver dinero cuando todavía no lo estén facturando; mientras, el Gobierno lo defiende como una ventaja, considerando que la Ley de Defensa del Consumidor obliga a los prestadores a efectuar una devolución inmediata.

El sector privado llevó a las mesas de discusión previas los casos de Brasil y Colombia. El primero de ellos, estipuló un plazo de 12 meses para esas devoluciones, mientras que Colombia directamente determinó que se efectúen en servicios. Pero esas propuestas no prosperaron, al menos hasta hoy.

De todos modos, y tal como se señalaba, los impulsores del proyecto en el Congreso aseguran que el espíritu de la norma es desalentar los reembolsos y, al mismo tiempo, incentivar las reprogramaciones. Del mismo modo, ratifican estar convencidos de que “el turismo está comprendido dentro de los beneficios que el Gobierno está dando a todos los sectores” y que “sería injusto otorgarle ventajas particulares por ley, aunque sí las han tenido y las están teniendo a través de los diferentes programas de la cartera turística, como el Pacit”.

Finalmente, el proyecto exhorta a las provincias a que sí ofrezcan beneficios tributarios, reduciendo alícuotas de Ingresos Brutos o Impuesto a los Sellos y, de hecho, ya hay varias de ellas incluyendo estas iniciativas dentro de los propias declaraciones de “emergencia turística” provincial.