La Justicia colombiana frena el salvataje estatal a Avianca

La polémica por el salvataje financiero de Colombia a Avianca Holdings llegó a la Justicia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca trabó una medida cautelar para suspender el desembolso del crédito de US$ 370 millones que otorgó el Gobierno de Iván Duque a Avianca (Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME), participando de la reestructuración de la aerolínea en el marco del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos.

Efectivamente, dicho tribunal determina que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tiene 24 horas para realizar "todas las actuaciones administrativas necesarias con el fin de dar cumplimiento a la orden impartida" e informarle "sobre tal determinación, acompañando los soportes correspondientes".

(Foto: EFE)

Asimismo, y en ese mismo sentido, negó una medida cautelar de urgencia para que Hacienda "informe públicamente cuál es el análisis objetivo que llevó a aprobar en favor de Avianca" y rechazó otra medida "consistente en que el señor presidente de la República, previo a cualquier desembolso del crédito referido, informe sobre cualquier posible conflicto de intereses por la circunstancia de que su hermana, señora María Paula Duque Samper, se desempeña como vicepresidenta senior de Relaciones Estratégicas y experiencia del Cliente de Avianca".

Vale recordar que Avianca se encuentra llevando adelante una reestructuración financiera voluntaria, tras acogerse en mayo al Capítulo 11, tras las dificultades causadas por la pandemia de coronavirus.

Al momento de otorgar el crédito, el Gobierno argumentó que el objetivo es “preservar el servicio aéreo nacional” ante la emergencia, teniendo en cuenta que la compañía tiene la operación más grande del país, con una participación del 45,5% en el mercado de pasajeros transportados en 2019.

El dinero del crédito, como se señalaba, saldrá del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que maneja los recursos estatales para enfrentar la pandemia de la COVID-19, los cuales provienen, a su vez, del Sistema General de Regalías y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales.

La medida desató la inmediata respuesta de los opositores, quienes plantearon que los recursos no deberían utilizarse para rescatar a los grandes jugadores del mercado, los cuales pueden financiarse en el mercado privado internacional, sino a las pymes. Además, aseguraron que la decisión atenta contra la libre competencia, ya que todas las empresas se encuentran afectadas y sólo se estaría auxiliando al principal jugador.

Por eso, el 31 de agosto pasado, el procurador colombiano, Fernando Carrillo, pidió al presidente explicaciones sobre el crédito teniendo en cuenta "la magnitud de los dineros públicos que está utilizando" esa operación. Ahora, habrá que esperar la evolución se conflicto, que avanzará por la vía judicial.