Qué dice la nueva Ley General de Turismo de Colombia

Tras un tratamiento con carácter de “urgente”, el Congreso de Colombia aprobó el proyecto de reforma de la Ley General de Turismo. En efecto, el Senado nacional le dio el visto bueno este jueves 3 de diciembre, luego de que la Cámara de Representantes hiciera lo propio semanas antes.

La norma, impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincomercio), apuesta por mejorar a largo plazo la competitividad del país como destino, a partir del fortalecimiento de la sostenibilidad y la formalización. Sin embargo, también dispone una gran cantidad de medidas para el complejo presente, punto de partida para la recuperación.

José Manuel Restrepo agradecióm al Congreso por el apoyo a la medida

Pero, ¿qué dice en concreto la nueva Ley General de Turismo? A continuación, un resumen con algunos de los principales puntos, que fueron celebrados por las dos principales cámaras privadas de la industria: la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

Tal vez uno de los aspectos centrales sea el impositivo. Concretamente, se dispone la reducción del IVA en tiquetes aéreos del 19% al 5% hasta el 31 de diciembre de 2022; y la exención transitoria del IVA para hotelería y paquetes turísticos hasta el 31 de diciembre de 2021.

Y a esta medida se suma la reducción de las tarifas del impuesto nacional al consumo en el expendio de comidas y bebidas al 0% hasta el 31 diciembre del año entrante, junto con la eliminación de la multa para reactivar el Registro Nacional de Turismo (RNT), hasta marzo próximo.

Para el sector hotelero una gran noticia fue la inclusión de la suspensión transitoria del pago de la sobretasa eléctrica durante el 2021. Aunque Cotelco venía solicitando su eliminación lisa y llana, la propuesta no tuvo lugar en la ley, pero sí la entidad obtuvo el compromiso de avanzar por otras vías.

La normativa ajustó también la definición del contrato hotelero; y se estableció la más que esperada “regulación de las plataformas tecnológicas y los operadores que comercialicen o promuevan servicios de alojamiento y hospedaje”. Desde la puesta en marcha de la ley sólo se podrán divulgar o anunciar prestadores formales, que cuenten con el correspondiente RNT. Además, quedó escrito que dichas plataformas tienen la obligación de contar con el RNT y pagar la contribución parafiscal.

El proyecto convertido en ley fue impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que esta semana presentó su Rendición 2020

Por otra parte, se crea un beneficio tributario del 25% de la renta, para realizar inversiones en materia de control, conservación y mejoramiento del medio ambiente; se propende a que los representantes legales de los establecimientos de prestación de servicios turísticos tengan mayores responsabilidades; y la Tarjeta de Registro Hotelero pasa a ser ahora la Tarjeta de Registro de Alojamiento, de modo que incluye a todos los tipos de hospedaje.

Sin dudas, uno de los grandes avances pensando en el largo plazo sea la nueva definición del principio de Desarrollo Sostenible y de Ecoturismo, que no sólo pone la carga del cuidado ambiental sobre la industria, sino también sobre los propios viajeros. Y, vinculado a esto, está la mejora de la calidad.

En ese sentido, se establecen estándares mínimos de calidad, seguridad y sostenibilidad teniendo en cuenta el tamaño y las capacidades de los prestadores de servicios turísticos; se crean puntos de control turístico; se suma el concepto de capacidad de carga de los atractivos turísticos; se protegen las playas turísticas del país, para que todo municipio o distrito disponga del personal de rescate o salvavidas, así como de los elementos para prestar los primeros auxilios; y se actualiza la regulación de los guías de turismo, que busca contribuir con la inclusión social de las comunidades en el mercado turístico del territorio nacional. Para esto último, se eliminan barreras como el requisito de bilingüismo.

Finalmente, merece un párrafo aparte el aporte de herramientas para paliar el duro presente de San Andrés y Providencia, primero castigados por el COVID-19 y luego por el huracán Iota. A partir de la norma, los costos y gastos de nómina pueden deducirse o descontarse en un 200%. Además, de cada US$ 15 que pague un turista por entrar al país, un dólar se destinará para la infraestructura del archipiélago; la priorización de programas de ecoturismo; y la deducción transitoria del impuesto sobre la renta para personas naturales y jurídicas nacionales que desarrollen actividades de hotelería, agencia de viajes, tiempo compartido y turismo receptivo. Asimismo, de cara al futuro, se faculta al Fontur a excluir de contrapartidas por proyectos realizados a aquellos destinos que hayan sufrido una catástrofe.