Ecuador vuelve al estado de excepción y el turismo profundiza su crisis
Habrá toque de queda, suspensión de eventos de todo tipo y restricciones a la movilidad
Publicada 02/04/21 11:49hEl presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó un sorpresivo regreso al estado de excepción en ocho provincias, ante el fuerte avance del COVID-19 que vuelve a poner en jaque al sistema sanitario nacional. El mandatario hizo lugar a las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) y dispuso para esos distritos un paquete de medidas que incluyen toque de queda de 20.00 a 5.00 horas; suspensión de eventos de todo tipo; y se restringe la movilidad, excepto para los trabajadores esenciales.
Finalmente, después de algunos idas y vueltas, este jueves 1° de abril el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, firmó el decreto que restablece el estado de excepción en ocho provincias del país, ante el grave aumento de los casos de COVID-19, que amenaza nuevamente con hacer colapsar el sistema sanitario.
El martes 30 de marzo, el mandatario ofreció un mensaje al país apelando a la responsabilidad social de la población y mostrando las dificultades nacionales y globales para contener la segunda ola, incluyendo la palabra de profesionales de la salud. Pero los números siguieron en aumento, y ese mismo día se registraron 1.633 nuevos casos y 30 fallecidos, llevando el acumulado a 330.388 y 16.877 muertos desde el inicio de la pandemia.
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) emitió por la tarde la recomendación de imponer una vez mpas el estado de excepción en las ocho provincias en las que la situación es más preocupante, que son Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La comunicación del COE generó el obvio descontento del sector empresarial del país que, aunque reiteró que apoya el cuidado de la salud pública, critica fuertemente que la decisión se haya tomado de manera imprevista, en pleno inicio de la Semana Santa, cuando hasta hacía pocos días se seguía trabajando en la preparación de los protocolos para mantener una apertura cuidada.
En el caso del turismo, quien emitió el correspondiente comunicado fue la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur), en la que afirma: “Nuevamente a última hora, las autoridades dictan nuevas medidas que afectan a los ya castigados negocios de turismo”. Y, en ese sentido, señalan que por la pandemia la actividad perdió ventas por US$ 3.000 millones, lo que significó para la economía dejar de percibir unos US$ 2.000 millones, por lo que el turismo dejó el tercer puesto como proveedor de divisas al país para pasar al décimo.
Finalmente, se advierte sobre la situación crítica en la que se sumerge al sector en esas ocho provincias, ya que una vez más se decreta un cierre sin que existan ayudas económicas para la actividad, que ve cercenadas sus posibilidades de recibir ingresos como consecuencia de las restricciones. Vale recordar que Ecuador es uno de los poquísimos países de América que decidió no asistir financieramente a su industria turística, aún en los peores momentos de la pandemia.
Tras la recomendación del COE, se generó un clima de incertidumbre, que unas horas después se despejó: Moreno emitió el decreto ejecutivo 1.282, que incluye un toque de queda del 2 al 9 de abril, entre las 20.00 y las 5.00 horas. Pero todo el estado de excepción “focalizado” tendrá una duración de 30 días.
Según se informó, ese toque de queda incluye la prohibición de circular en vías y espacios públicos en las provincias mencionadas, además de que no se podrá realizar ningún tipo de eventos en los que puedan generarse contagios masivos.
Asimismo, se restringe fuertemente la libertad de tránsito y la movilidad, con excepción del personal de salud de la red pública y privada; los servicios de emergencias y control; los sectores estratégicos, exportador y su cadena logística; la prestación de servicios básicos y recolección de desechos; los proveedores de alimentos, incluida su comercialización y transporte; los trabajadores relacionados con la industria de medicinas e insumos sanitarios; personal de crianza y cuidado de animales; trabajadores de medios de comunicación; las plataformas de reparto; diplomáticos y organismos internacionales acreditados en el país; y los particulares en caso de emergencia debidamente justificada,.
Finalmente, según lo afirma el decreto, la Policía Nacional “se mantendrá vigilante del orden público y el cumplimiento de las restricciones y limitaciones establecidas", con el apoyo de las Fuerzas Armadas para “el restablecimiento del orden público de manera complementaria", en caso de que sea necesario.
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