Ecuador quiere construir la ley de turismo más moderna de Latinoamérica

Hace apenas unos días, a través de sus redes sociales, el ministro de Turismo de Ecuador, Niels Olsen, anunció que el país ponía en marcha el proceso de repensar sus herramientas normativas para hacer frente a la nueva realidad que impone el mundo a partir de la pandemia de COVID-19.

En ese marco, contó también que, para ese fin, decidió conformar una Comisión Técnica integrada por ocho expertos de diversos sectores, e incluso con algunos referentes internacionales: la viceministra de Turismo, Ana García Pando; el director ejecutivo de la Fenacaptur, principal cámara del sector privado, Iván López Villalba; Marco Subía, abogado experto en materia aeronáutica; el destacado empresario del segmento MICE, Ricardo Baquerizo; Mateo Estrella, abogado especialista en gestión pública y privada en relación a las inversiones, quien actúa como coordinador por parte del ministro Olsen; el abogado argentino especialista en derecho del turismo, Diego Benítez, miembro de la comisión de la OMT para el nuevo Código de Protección del Turista; el italiano Francesco Morandi, compañero de Benítez en ese equipo y fundador de la Sociedad Italiana del Derecho del Turismo; y el abogado experto en derecho tributario, Oscar Ceballos.

Y es que la actual ley data de 2002 (en verdad, la Ley 97 es de 1997 y fue reglamentada por el Registro 773 de 2002, con una última modificación en 2014). No hace falta decir cuánto ha cambiado el mundo desde entonces, y ni hablar de la industria turística, que ha visto aparecer, proliferar y hasta imponerse a una gran cantidad de nuevos actores, especialmente los vinculados al mundo online. Pero también han cambiado otras necesidades, como la sustentabilidad y la inclusión.

Al día siguiente del anuncio, HOSTELTUR consultó a Olsen acerca de esta iniciativa y el funcionario respondió que este grupo tiene la misión de “preparar una legislación moderna” que “apoye a que el sector enfrente la difícil época por la que el turismo ha pasado debido a la pandemia COVID, que sin duda ha golpeado duramente a las empresas”.

Niels Olsen, ministro de Turismo de Ecuador

“El proyecto apunta a contar con un cuerpo legal que ofrezca mecanismos de mejoramiento de los servicios turísticos, desarrollo de destinos y productos, conectividad, fomento productivo, inversión y promoción turística”, explicó Olsen en un texto enviado a este medio.

Como parte del trabajo preliminar, el titular de la cartera señaló que los especialistas se encuentran analizando “un conjunto de insumos iniciales para establecer los puntos clave que la Ley debe tratar, en base a la experiencia ecuatoriana, las mejores prácticas internacionales y a solicitudes concretas”.

La primera reunión se llevó a cabo el viernes 2 de julio y Benítez, que estuvo en ella, le contó a esta agencia de noticias: “Fue una reunión muy expeditiva en la que se plantearon todos los ejes. Más temprano ya nos habían mandado todos antecedentes, incluyendo los proyectos que están en manos de la Asamblea Nacional y los resultados de los talleres que se hicieron, a los que habían asistido más de 500 personas. Esto es muy importante, porque para pensar en esta modificación de la 773 de 2002 es importante conocer todos los antecedentes, las problemáticas y las diferentes visiones”.

Diego Benítez, abogado especializado en derecho del turismo

Asimismo, según pudo saber HOSTELTUR, la comisión tiene sobre la mesa las leyes de turismo sudamericanas, las cuales están siendo evaluadas en detalle, pero el objetivo es no replicar el modelo de ninguna de ellas, ni siquiera la de Colombia, la última de todas, aprobada en 2020, que incluye muchos de los aspectos señalados.

“Se analizaron las leyes regionales. Sobre todo las más importantes, que son la de Argentina de 2005; la de Brasil de 2008; la de Perú de 2009; la de Chile de 2010; y la última, la de Colombia, de 2020”, detalló Benítez.

Pero, ¿qué significa hacer una ley “distinta”? El experto argentino contó que la propuesta de Olsen y su equipo es “salir de esa estructura de ley habitual, porque son todas bastante parecidas, con excepción de la chilena, en el sentido de que primero ponen los principios, luego las autoridades de aplicación, después todo lo que tiene que ver con la registración de servicios turísticos y, por último, régimen y sanciones”. Ahora, sostuvo, “se planteó es trabajar en una ley que sea más moderna, diferente al resto, con tres ejes principales: sustentabilidad, accesibilidad y nuevas tecnologías".

En efecto, la nueva norma partiría de estos tres ejes, y es desde esa perspectiva que se regularán los actores turísticos, especialmente los vinculados a los mercados digitales. “Se busca plantear un turismo con perspectiva de género, que impulse el desarrollo comunitario, los parques nacionales, las áreas protegidas y el turismo de naturaleza”, indicó Benítez.

Pero la Comisión Técnica, que sesionará todos los viernes, no sólo analizará la norma nacional vigente; relevará las internacionales; y hará sus propios aportes, sino que también coordinará la recepción de otras ideas y propuestas de personas e instituciones. El objetivo, explica, es que sea un proceso “al mismo tiempo técnico y participativo”.

Con todo esto se espera en 60 días tener redactado el borrador de un proyecto para establecer una ley que sea “sencilla, directa, moderna y efectiva” y que sirva como “marco de trabajo para el sector empresarial y para los destinos”, concluyó el ministro.