Venezuela analiza sanciones contra la española Plus Ultra

Mientras espera la ratificación de su rescate por parte del Gobierno español, la aerolíneas Plus Ultra se prepara para sortear un nuevo frente de tormenta, esta vez al otro lado del Atlántico: Venezuela analiza sancionarla.

Según lo anunció el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) del país sudamericano, iniciará una investigación que puede derivar en sanciones por la venta de pasajes para la ruta Madrid/Caracas, que no se encuentra autorizada por el Gobierno de Nicolás Maduro, en el contexto de la pandemia.

Venezuela investigará a Plus Ultra por la venta de pasajes para Madrid/Caracas, ruta no autorizada por el Gobierno de Maduro

"A fin de garantizar la correcta prestación de servicio público de transporte aéreo, se informa al público en general que la comercialización de boletos por parte del explotador aéreo Plus Ultra Líneas Aéreas, en rutas no autorizadas por las autoridades de Venezuela, es contraria a la normativa aeronáutica", sostiene el comunicado.

De acuerdo al organismo, las únicas rutas aéreas autorizadas son las que unen Venezuela con Turquía, Rusia, México, Panamá, República Dominicana y Bolivia. Por eso, ahora buscan determinar la “responsabilidad de Plus Ultra” en la venta de esos billetes, y advirtieron que esa situación puede generar sanciones “administrativas, civiles y penales, tanto para el explotador aéreo como para las agencias de viajes que incurran en dichas prácticas".

Al respecto, Juan Teixeira Díaz, presidente del INAC, afirmó: "La ruta entre Caracas y Madrid, actualmente, no se encuentra entre las permitidas por el Ejecutivo nacional para vuelos comerciales regulares o no regulares".

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Los únicos vuelos autorizados con destino a Venezuela son los provenientes desde Turquía, Rusia, México, Panamá, República Dominicana y Bolivia

Tal como se señalaba, y como lo viene contando HOSTELTUR, Plus Ultra se encuentra defendiendo en instancias judiciales la legalidad del rescate de 34 millones de euros pendientes por parte del Ejecutivo español aprobado en marzo, que se encuentra bloqueado tras una denuncia por parte de la oposición.

Ese mismo viernes, la Fiscalía indicó que "no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna".