Sector aéreo de Brasil se une contra la reforma tributaria de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrenta a un momento crítico: el rechazo a su Reforma Electoral; la reaparición en el centro de la escena del expresidente Lula (ya sobreseído de sus causas judiciales y al frente de las encuestas); las fracturas dentro de su coalición; una negativa imagen nacional e internacional respecto a la gestión de la pandemia; y una dura crisis económica (que crece pero a costa de devaluaciones, alta inflación y una desocupación récord), lo ponen ante el desafío de recuperar estabilidad de cara a su último tramo de gobierno.

Pero necesita mayores recursos, y por eso su ministro de Economía, Paulo Guedes, diseñó y llevó al Congreso un proyecto de Reforma Tributaria que, aunque incluye algunos beneficios para las empresas, también establece impuestos que contrastan con el perfil “liberal” que su gestión enarbolaba como bandera.

Aunque se presenta como una ley “simplificadora” (actualmente la estructura tributaria se rige por unas 5.000 normativas), lo que hace es trasladar buena parte de la carga desde el consumo hacia el sector productivo, especialmente el vinculado a las importaciones o que utiliza componentes importados. Se crearía un IVA del 12% a las operaciones de bienes y servicios, a modo de “contribución social”, pero que parece inevitable que se traslade a precios.

La industria aérea es una de las afectadas y, por eso, las principales cámaras de la actividad se unieron para emitir un duro comunicado en el que, si bien apoyan en líneas generales la reforma (sobre todo por esa simplificación), critican la falta de diálogo y específicamente sobre aquellos impuestos que gravan sus insumos clave.

El documento lleva la firma de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Junta de Representantes de Aerolíneas Internacionales en Brasil (Jurcaib), la Asociación Brasileña de Aviación General (ABAG), la Asociación Brasileña de Compañías Aéreas (Abear), la Asociación Brasileña de Servicios Auxiliares del Transporte Aéreo (Abesata), el Sindicato Nacional de Empresas Aéreas (SNEA), el Sindicato Nacional de Compañías de Taxi Aéreo (Sneta) y el Sindicato Nacional de Compañías de Aviación Agrícola (Sindag).

En ese manifiesto, expresan su “gran preocupación con el Proyecto de Ley 2337/21, que aumenta la carga tributaria sobre la aviación civil y puede generar un costo adicional de aproximadamente R$ 5.000 millones (casi US$ 1.000 millones) por año para el sector, considerando la aviación general y otros miembros de la cadena de transporte aéreo”.

Según lo consignan, el proyecto “prevé el restablecimiento del cargo PIS/COFINS sobre las importaciones y ventas en el mercado interno de aeronaves, repuestos y servicios de mantenimiento, así como el Impuesto de Importación e IPI sobre repuestos y piezas y una serie de elementos necesarios para el mantenimiento de aeronaves”.

“El transporte aéreo en Brasil ha estado históricamente exento de impuestos sobre estos artículos, ya que no es una práctica del mercado internacional y la aviación se rige por parámetros globales. El aumento de la carga fiscal impacta negativamente la competitividad de las empresas brasileñas y amenaza la capacidad del sector para recuperarse a partir de 2022”, advierten.

Por parte de ALTA, su director ejecutivo, José Ricardo Botelho, aseguró: “La aviación civil se caracteriza por trasladar sus eficiencias al usuario. Por ello, los costos adicionales, y especialmente los costos que no siguen parámetros globales, van en contravía de este esfuerzo por incentivar la aviación y que cada vez más personas puedan hacer uso del medio de transporte más seguro y eficiente. Como representantes de la industria expresamos nuestra preocupación y nos ponemos a disposición de las autoridades para implementar medidas efectivas”.

La semana pasada, el ministro de Turismo federal, Gilson Machado Neto, buscó sutilmente despegarse de la medida y, tal como lo contó HOSTELTUR, fue a la Comisión de Turismo de Diputados a pedir medidas conjuntas para reducir los costos de las empresas aéreas, con el fin de que impacten en reducciones en las tarifas.

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Sin embargo, no se informó si hizo o no referencia a la reforma, sino que simplemente se comunicó que dejó abierta la propuesta de trabajar normas conjuntas específicas, como la creación de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) exclusivo para las tarifas aéreas, que permita hacer seguimiento de su evolución.