Justicia aprueba cuarta prórroga a LATAM pese a oposición de acreedores

El nuevo aplazamiento que LATAM había solicitado a la Justicia de EEUU en el caso que se sigue para la reestructuración de la compañía fue objetado por un grupo de acreedores agrupados en Parent ad hoc Claimant Group, con más de 4.000 millones de dólares en reclamaciones, pero el juez Garrity decidió conceder este nuevo plazo con el acuerdo de los otros grupos de acreedores.

La sesión estuvo centrada en la necesidad de un mediador, en principio aceptada por LATAM, con varios grupos de acreedores que han reclamado formar parte de ese mecanismo de mediación, al igual que lo han hecho algunos de sus principales accionistas, como Qatar Airways y Delta Air Lines, una decisión que el juez pospuso a otra vista el próximo martes.

Desde Santiago, la compañía reaccionó con satisfacción al nuevo aplazamiento, y consideró en un comunicado que esto le permitirá salir airosa de este proceso y cumplir con la legislación aplicable tanto en Estados Unidos como en Chile.

“LATAM participará activamente de este proceso con la convicción de que de su éxito y el consenso de todos los participantes le permitirán al grupo estar en condiciones de proponer un Plan de Reorganización que puede ser presentado ante el tribunal de Nueva York y sometido a la aprobación de los acreedores, y con posterioridad, a los accionistas para su implementación”, dijo en el comunicado.

Joint venture con Delta

El Tribunal de Defensa de Libre Competencia de Chile aprobó el acuerdo extrajudicial entre LATAM, Delta y la Fiscalía Nacional Económica, lo que constituye “un paso más para lograr la implementación de lo que será el acuerdo de Joint Venture entre las aerolíneas”, indicaron desde LATAM en un comunicado.

Dicho acuerdo y la resolución del tribunal que lo aprueba “permiten, entre otras cosas, la implementación de su acuerdo comercial (“trans-American Joint Venture Agreement”) sujeto a las medidas de mitigación ofrecidas por las partes. Esto, mientras continúa el proceso de aprobación regulatoria de inmunidad antimonopolio ante el Departamento de Transporte de EEUU.