Uruguay: Uber debe cumplir las normas

La ambigua situación de Uber en Uruguay sigue siendo motivo de polémica. Ahora, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado que busca aclarar los alcances de una resolución del organismo de Competencia del Ministerio de Economía, que recomendó incorporar el modelo de la plataforma, iniciando un camino de desregulación para beneficiar a los consumidores.

“En el Parlamento, en tanto, en las próximas semanas comenzará una ronda de consultas con actores vinculados a servicios que se brindan mediante desarrollos tecnológicos a efectos de analizar el proyecto de ley que pretende regular el nuevo mercado”, informó el diario El País.

A principios de año el Banco de Seguros del Estado se mostró dispuesto a ofrecer sus servicios a los vehículos que trabajan para Uber. El vicepresidente de la institución estatal, Guillermo Porras, dijo que era “la mejor forma” de enfrentar la situación actual y que “en absoluto” significa reconocer la legalidad del servicio.

Sin embargo, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, se opuso a esta decisión y le pidió al presidente Tabaré Vázquez que frenara toda acción que significara la cobertura de seguros desde el BSE a Uber. Según el diario La República, Rossi tenía “dudas” sobre la legalidad de que se haga cargo de la responsabilidad sobre terceros para una actividad que se da “por debajo de la mesa”.

El gobierno resolvió dejar en suspenso los trámites.

El País informó esta semana que la aplicación cerró acuerdos con determinadas estaciones de servicio que le ofrecen un descuento de 5% en combustible a los conductores de Uber y que “se prepara para aceptar tarjetas de débito”. Ya acepta tarjetas prepagas, entre ellas la del Banco República.

La postura del Gobierno

1. Con motivo de la amplia difusión que ha tenido la resolución recientemente adoptada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en relación a la firma UBER Technologies Uruguay S.A., corresponde aclarar a la población que la referida decisión se ha tomado en el marco de las competencias atribuidas a dicho órgano por la Ley N° 18.159 de 20 de julio de 2007, normas concordantes y complementarias.
2. Conforme a lo preceptuado por el numeral 4° del artículo 168 de la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo ratifica el compromiso de ejecutar las leyes y hacerlas ejecutar por todos quienes cuentan con competencias de dictar reglamentos y ejercer el debido contralor, en particular de las actividades relativas al transporte privado de personas en forma onerosa, con especial énfasis en la normativa atinente a la seguridad social, seguridad de las personas, así como al cumplimiento de los aspectos fiscales, concesión de autorizaciónes y permisos, sin invadir las atribuciones de los Gobiernos Departamentales.
3. Por tanto, entiende que la actividad de UBER Technologies Uruguay S.A. solo puede desempeñarse en la República si cumple fielmente las normas consagradas en nuestra legislación, quedando sometida a los contralores referidos y a las sanciones que del incumplimiento se deriven.
4. Sin perjuicio de lo expuesto, subraya que el 14 de marzo de 2016, remitió a la Asamblea General un proyecto de ley con la finalidad de regular las actividades de los prestadores que emplean medios informáticos y aplicaciones tecnológicas para concertar diversos servicios dentro de los que se incluye el transporte privado de personas, de modo de proteger el interés general, confiado a su gestión, sin desconocer el avance tecnológico y la utilización de los sistemas informáticos como herramientas para la evolución de las sociedades.
5. En esencia, las afirmaciones realizadas ratifican el firme arraigo del Gobierno al Estado de Derecho, conectado con la cultura nacional de nuestro país y las garantías legales que deben ser observadas ampliamente por todos los habitantes.