Bolivia: empresa reclama US$ 90 millones por expropiación de aeropuertos

En un comunicado, el grupo catalán de infraestructuras ha reaccionado así a la decisión del presidente boliviano, Evo Morales, de expropiar esa filial.

Abertis destaca en la nota que, desde la adquisición de Sabsa, ha hecho un "importante esfuerzo inversor" en los aeropuertos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y se pone "a disposición" del ejecutivo boliviano para negociar una compensación.

Sabsa se pone a disposición del gobierno de Evo Morales para negociar una compensación

En concreto, Abertis, cuyo consejero delegado es Francisco Reynés, precisa que entre 2005 y 2012, invirtió US$ 12,6 millones en el país, a los que hay que sumar cánones por importe de US$ 38,6 millones y otros US$ 9,4 millones en impuestos.

Fuentes de Abertis han precisado a Efe que el negocio del grupo en Bolivia supone el 0,5% de la facturación total del grupo; esto es, unos US$ 30 millones.

En este sentido, la nota de Abertis aclara que la expropiación de Sabsa tiene un "impacto nulo" en las cuentas del grupo.

Sabsa es la concesionaria de la gestión de los aeropuertos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba en Bolivia, y es propiedad 100% de TBI, compañía adquirida en 2005 por Abertis (90%) y Aena Internacional (10%), ente dependiente del ministerio de Fomento que no ha querido hacer declaraciones respecto a la expropiación.

La empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa) es la sexta compañía española que pasa a manos del Estado boliviano en menos de un año, ya que en mayo pasado Morales nacionalizó una filial de Red Eléctrica de España (REE) y en diciembre otras cuatro de Iberdrola, por las que aún no ha habido compensación económica.

Arbitraje en marcha

Para intentar justificar la expropiación, Morales ha explicado que Sabsa no ha hecho suficientes inversiones para ampliar los aeropuertos en El Alto (La Paz), Cochabamba y Santa Cruz, los principales del país, y ha criticado además los "sueldos exorbitantes" que percibían sus ejecutivos.

Por el contrario, Abertis ha negado esta falta de inversiones y ha subrayado que el Gobierno boliviano ha mantenido congeladas las tarifas aeroportuarias de Sabsa durante más de 10 años; de hecho, sostiene que las tarifas están ahora a niveles equivalentes a las vigentes en 2001.

 "Los diversos incumplimientos del Estado de Bolivia del contrato de concesión llevaron a Abertis a reclamar en su día una indemnización compensatoria por los daños sufridos por Sabsa, que se estiman en unos US$ 90 millones", asegura el comunicado.

En este sentido, Abertis recuerda que en 2011 inició "un procedimiento de arbitraje internacional contra el Estado de Bolivia al amparo del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Bolivia y el Reino de España (APPRI)".

Según Abertis, Bolivia ha incumplido el régimen aplicable a las tarifas por servicios de embarque y aterrizaje ya que desde el 2003 "congeló la actualización de dichas tarifas y en 2005 las rebajó de manera arbitraria, ilegal y sin seguir un proceso que hubiera permitido una adecuada defensa por parte de Sabsa".

"Sabsa no ha recibido hasta la fecha compensación económica por los daños sufridos", argumenta Abertis, que remarca que además entre 2005 y 2012 el gobierno boliviano "ha ido decretando año tras año una subida de los costes laborales muy por encima de la inflación", lo cual sitúa a Sabsa en una situación financiera "cada vez más delicada", concluye.

El gerente de la filial de las españolas de Abertis y Aena en Bolivia, Anthony Alicastro, aseguró a principios de este mes a Efe que había pedido al Gobierno boliviano "definiciones" sobre la concesión de Sabsa para administrar las terminales aéreas, ante la solicitud de los trabajadores del sindicato y legisladores oficialistas de que la compañía fuera nacionalizada.

El responsable de Sabsa propuso entonces que si se revalidara la concesión, ésta fuera renegociada con una adenda al contrato inicial, en tanto si la concesión fuera revocada o la empresa nacionalizada, el gerente demandó que ese proceso se hiciera "en un marco de legalidad, de justa compensación".