Brasil anuncia medidas para fortalecer la defensa al consumidor
Publicada 16/03/13
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer la defensa de los derechos del consumidor, entre las cuales está la creación de un consejo de ministros que tendrá la responsabilidad de elaborar nuevas normas y fiscalizar su cumplimiento.
Rousseff, en una ceremonia en el Palacio presidencial del Planalto conmemorativa del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, afirmó que su intención es convertir la defensa de estos derechos en una política de Estado.
La mandataria aseguró que, además de las medidas previstas por el llamado Plan Nacional de Consumo y Ciudadanía para reglamentar y modernizar las relaciones de consumo en Brasil, el Gobierno discute otro proyecto para fortalecer las diferentes agencias reguladoras y ampliar sus poderes para defender a los consumidores.
El plan anunciado este viernes incluye aumentar las multas por violación de los contratos, premiar las buenas prácticas de consumo y sancionar los abusos.
"El plan presupone políticas que atacan las causas del conflicto, un sistema fuerte de apoyo a los consumidores y un endurecimiento de las sanciones", explicó el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.
Las medidas también están destinadas a fortalecer las agencias de atención al consumidor conocidas como ProComs, organismos públicos que orientan a los consumidores sobre sus derechos y son mediadores en conflictos con vendedores o prestadores de servicios.
Estas agencias atendieron el año pasado a dos millones de personas, frente a 1,6 millones en 2011, que presentaron quejas en su mayoría contra servicios de telefonía móvil (9,17%), bancos (9,02%), servicios de tarjeta de crédito (8,23%) y telefonía fija (6,68%).
"El proyecto también propone la reducción de los conflictos en los tribunales y el estímulo para el mercado mejorar la atención al consumidor", agregó la secretaria nacional del Consumidor, Juliana Pereira.
En su pronunciamiento Rousseff aseguró que estableció un plazo para que el Gobierno, en asociación con el sector privado, elabore una lista de al menos 30 productos considerados esenciales y que tendrán que ser sustituidos de inmediato en caso de que presenten defectos.
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