Se reanudan este miércoles las declaraciones a controladores sobre el cierre del espacio aéreo

USCA, sindicato que agrupa al 92% del colectivo, presentó el pasado miércoles, 12 de diciembre, un alegato en el que afirman que "el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010 y la consecuente interrupción del servicio público fue una decisión evitable, únicamente imputable a decisiones voluntarias -incluso preconcebida desde mucho antes del 3 de diciembre- de los responsables de Aena".

El abogado José Antonio Choclán, alega, por otra parte, que "en la conducta de los controladores no hubo comportamiento alguno de abandono ni físico ni funcional ni individual ni colectivo", por lo que solicitarán el sobreseimiento de las causas en su contra, apuntando que los daños por el “cierre patronal” del espacio aéreo son atribuibles a los directivos de Aena.

Se reanudan este miércoles las declaraciones a controladores sobre el cierre del espacio aéreo

Agrega que, precisamente, varios de los procesos judiciales en los que están inmersos los controladores "están poniendo de manifiesto la realidad de lo ocurrido en 2010" (ver Cierre del espacio aéreo en 2010: los controladores no tuvieron ninguna responsabilidad), así como muchas de las sanciones impuestas por Aena a varios de estos profesionales han sido revocadas. De hecho, citan el caso de las nueve sanciones aplicadas a controladores del Centro de Santiago de Compostela recientemente anuladas por los tribunales de lo Social.

Recientemente, los tribunales de lo Social han anulado nueve sanciones aplicadas por AENA a controladores del centro de control de Santiago de Compostela.

El 3 de diciembre de 2010, sobre las 18.00 horas de la tarde, AENA comunicaba el cierre del espacio aéreo de Madrid y los aeropuertos de Barajas, Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca, ante las "bajas masivas" presentadas por los controladores aéreos en varias dependencias declarándose así "incapaces de prestar" el servicio y "abandonando su puesto de trabajo".

Ese mismo día, en el Consejo de Ministros, el Gobierno ratificaba un Real Decreto por el que modificaba las condiciones laborales del colectivo y establecía en 1.670 el máximo de horas de su jornada laboral. Ante el 'caos aéreo', Defensa asumió el control del espacio aéreo y se decretó el estado de alarma.