La Audiencia Nacional admite a trámite la impugnación del ERE de Paradores

Las ventas de Paradores se han reducido en los dos primeros meses del año, según CGT, un 25%, mientras que desde la empresa reconocen que han bajado debido a la “menor oferta” por los cierres temporales de algunos de sus establecimientos (Paradores reabrió once establecimientos el 15 de marzo) y que las ventas han sido “similares a las del resto del sector”.

Los ingresos en Paradores cayeron un 12% en 2012 y, como reconoció su presidenta, Ángeles Alarcó, “el Estado no puede tener una cadena de hoteles que le cueste el dinero”.

El sindicato ha solicitado al Gobierno el cese de la cúpula directiva por su “política errática” y su “nula idea”. En su opinión, ha sido la que ha conducido a la compañía a su actual situación financiera.

En este sentido el secretario general de CGT-Paradores, Eduardo Salafranca, ha criticado que una de las primeras medidas de la última dirección fuese subir los precios, lo que provocó que cayese la demanda “fuertemente”, y cuando procedieron a rectificar “ya era muy tarde”.

CGT considera que “los datos económicos aportados por Paradores no se ajustan a la legalidad”.

La “política errática” de la actual directiva también se evidencia en el propio ERE, ya que ”se cargan a 350 trabajadores y ahora tienen que echar mano de las ETT”, además de que la política comercial “no puede ser peor ante el total abandono de la búsqueda de nuevos mercados, con comisiones a intermediarios que llegan hasta el 25%”.

Con la demanda interpuesta junto a los sindicatos CUT y CIG esperan conseguir la readmisión de los trabajadores despedidos y que “la situación de Paradores se arregle de una vez”.

“No queremos la privatización y por tanto pedimos al gobierno el inmediato cese de esta directiva y el nombramiento de un verdadero equipo directivo que sepa reflotar esta maravillosa empresa”, ha manifestado Salafranca. Soria aseguró en diciembre que Paradores no se privatizaría pero sí habría una gestión privada indirecta.

Demanda interpuesta

La demanda se basa en una supuesta vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, al considerar “ilegítimo” la exclusión del centro de Compostela, que tiene un convenio colectivo y un comité de empresa propios, y que no estuvo representado en el comité intercentros con el que se desarrolló la negociación.

El sindicato considera que “los datos económicos aportados por la empresa no se ajustan a la legalidad”. Y es que, según ha aclarado CGT, en la documentación presentada por la cadena se observa que gran parte de la deuda se debe a las obras en establecimientos, 90 de los 120 millones de pérdidas, partida que debería ir con cargo a Turespaña y “no debería aparecer en las cuentas de Paradores”.

Este martes se celebra en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el juicio por la denuncia interpuesta contra el ERE, cuya sentencia podría estar lista en un plazo de entre 15 días y un mes.

Para CGT el expediente es “la antesala de la privatización” y su aplicación “repercute muy negativamente en la calidad del servicio” de Paradores, caracterizada hasta ahora por “su formidable servicio al cliente”.

Al ERE se han adherido ya voluntariamente unos 150 trabajadores de los 350 afectados, según ha apuntado el secretario general de CGT-Paradores.