El fiscal pide el sobreseimiento de la causa contra los controladores aéreos de Santiago

Desde el pasado mes de noviembre, el tribunal sigue un proceso penal a los controladores aéreos imputados por el conflicto aéreo de diciembre de ese año, en el que resultó crucial la declaración del jefe de Navegación Aérea de Santiago en 2010, Pedro Garea, quien afirmó que los controladores no tuvieron ninguna responsabilidad en el cierre del espacio aéreo en 2010, en virtud de que la decisión de militarizar el espacio aéreo estaba prevista con antelación, a pesar de que no se había producido ninguna incidencia operativa.

Exceso de horas

Desde mediados de noviembre de 2010, los controladores comenzaron a alertar de cierres parciales del espacio aéreo español, a causa del exceso de horas trabajadas a lo largo del año que les estaba acercando al máximo legal, a partir de que el Gobierno hubiese aumentado a 1.670 horas su jornada laboral con el decreto Ley 1-2010, aprobado a principios del mes de febrero de ese año y promulgado dos meses después como la ley española 9-2010.

Torre de control del Aeropuerto de Santiago de Compostela.

A finales de ese mes, comenzaban los cierres parciales del espacio aéreo de Galicia controlado por el Centro de Control del terminal de Santiago de Compostela, que da servicio de aproximación a los tres aeropuertos gallegos y a algunas llegadas al aeropuerto portugués de Oporto; debido a que algunos profesionales habían realizado “turnos exagerados", llegando al máximo de horas previstas por la legislación y no podían acudir a su puesto de trabajo. El máximo que preveía la ley era de unas 140 horas mensuales y los controladores del área de Santiago habían trabajado en unos casos 180, en otros 190 y hasta 200 horas mensuales.

En un comunicado, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) también señalaba que esta situación podría extenderse a otros aeropuertos donde los controladores estaban igualmente a punto de alcanzar el máximo legal de horas al año.

Paralelamente al juicio, varios juzgados han revocado las sanciones impuestas al colectivo por la anterior administración y la organización sindical denunció que los controladores fueron obligados por Aena a trabajar ilegalmente en 2010, cuando el gestor aeroportuario llevó adelante la serie de reformas en la navegación aérea para ahorrar costes. “Un mismo trabajador debía atender de manera simultánea el control de la torre y de aproximación, dos posiciones de control aéreo incompatibles, mermando la calidad del servicio y las condiciones de seguridad”, denunció USCA en noviembre del año pasado.

No hubo alzamiento tumultuario

El fiscal Roma en sus conclusiones destaca que las sanciones impuestas, privativas de libertad, están fuera del Código Penal y considera que los imputados "no se alzaron pública y tumultuariamente, sino que menguaron sus funciones aduciendo reivindicaciones laborales que no son objeto de este procedimiento".

Asimismo ha hecho referencia a la antelación con la que se programan los servicios desde de Madrid, de unos tres meses, lo que no permite prever que los trabajadores responsables de prestar el servicio se encuentren en as semanas posteriores “en situación de incapacidad temporal, licencia u otras actividades”.

A este aspecto, se agrega el hecho de que nunca se registró una ausencia total de controladores a finales de noviembre cuando varios de los trabajadores llegaban a su máximo legal de horas trabajadas en un año y debían darse de baja, situación que es respaldada por la declaración del exjefe de Navegación Aérea del Centro de Santiago, Pedro Garea, quien descarta que el cierre del espacio aéreo y el bloqueo del tráfico aéreo los días 3 y 4 de diciembre de 2010 estuviese relacionado con esas bajas.