Turoperadores y agencias buscan seguros anti-quiebra ante a la lentitud legal

El último caso ha sido el de la agencia online francesa Budgetair.fr, que ofrece a sus clientes lo que denomina la "Garantía del billete de avión", por la que pagando 6,50 euros se asegura que el importe del billete le será reembolsado (con un límite de 2.000 euros) en caso de que la compañía aérea no pueda volar por razones de insolvencia.

Pero este es sólo una de las iniciativas con las que las empresas se están dotando ante las dramáticas situaciones que recientes quiebras de turoperadores, agencias y aerolíneas han dejado a sus clientes. En unos casos, abandonados en lejanos aeropuertos, y en otros casos sin el viaje ni el dinero pagado.

En España, el CPV

El precedente más significativo de este intento del sector privado por paliar las carencias del sistema legal está en el Reino Unido, donde los turoperadores se dotaron del Air Travel Organisers Licensing (ATOL), seguro de protección para los turistas en caso de quiebra del operador. Si un operador turístico suscrito a ese seguro falla, el sistema de ATOL asegura a los clientes un contrato para garantizar el regreso a su ciudad de origen, sin gastos extras. El ATOL cuesta a la agencia 29 euros por reserva.

Con ese precedente, recientemente en España ha hecho aparición el Certificado de Protección al Viajero (CPV), que pagado por los turoperadores (con un precio estándar de dos euros por pasajero), y con coste cero para clientes y agencias de viajes (aunque el turoperador es libre de repercutirlo), cumple un objetivo asimilable al ATOL.

Como en el Reino Unido, en España la iniciativa también corre a cargo del sector privado. En este caso, la correduría de seguros Intermundial lanzó en mayo este seguro contra ceses de actividad de turoperadores, contanto en el proyecto con la participación de la extinta Asociación de Mayoristas de Viajes (AMAVE).

Sello de garantía

Otras iniciativas han venido del sector público, como el sello de garantía para agencias de viajes que acaba de lanzar la Generalitat de Cataluña, para acreditar a partir de 2012 a las agencias y portales de viajes legales. El objetivo es combatir las estafas que se producen cada año por portales piratas y agencias en quiebra, que afectan a miles de usuarios, y que tan mala imagen dan al conjunto del sector.

No obstante, en el sector hay voces que se consideran esta iniciativa una copia pública de iniciativas privadas como el mencionado CPV, y estiman que la labor de la administración, más que certificar qué agencia es legal, debe ser vigilar, sancionar y cerrar a las que no lo son. Y se preguntan qué hará la administración con ese sello para garantizar sus derechos al usuario en caso de que una agencia legal cierre.

El caso es que, en teoría, los derechos de los consumidores están protegidos por las diferentes normativas legales en materia turística. En concreto, y en el caso de las agencias de viajes y turoperadores, los avales que estas empresas tienen depositados en la administración, están para resarcir a los clientes afectados por quiebras. No obstante, la práctica dice que no son operativos para resolver problemas con carácter inmediato, y el consumidor tiene que poner de su bolsillo los gastos a la espera de la reclamación posterior.

El proceso en el que se adentra un viajero para cobrar de esos avales puede llevarle un año, y entrar en la vía judicial. En la mayoría de los casos, ni se lo plantea. Y lo avales no resuelven los problemas de los viajeros ni eliminan la alarma social que crean los incidentes en destino.