Los apartamentos ilegales afectan a la marca España y potencian la economía sumergida

HOSTELTUR noticias de turismo anunciaba el pasado mes de septiembre la nueva ley contra apartamentos piratas y falso turismo rural. De hecho, la ley para limitar arrendamientos de apartamentos turísticos ya está a examen en el Senado. Los hoteleros de Barcelona continúan su lucha contra la oferta ilegal, mientras Madrid ultima un decreto para solucionar la ilegalidad en apartamentos turísticos, dada la situación insostenible de rentabilidad en los hoteles madrileños, según la AEHM.

Precisamente el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Carlos Díaz, ha afirmado que el primer paso para darle una solución a este problema generalizado en todos los destinos españoles “se dará cuando el Congreso apruebe el Proyecto de Ley e impida el amparo que hasta el momento actual les da la LAU. A continuación, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, confiamos en una normativa exigente que obligue a lo que es indudablemente una actividad económica a cumplir las mismas reglas de juego que el resto de actividades económicas. Ya sabemos que no será fácil pero desde luego es posible ya que, si no se hace, no tendría sentido la normativa que afecta al resto de las actividades turísticas”.

Los hoteleros piden una regulación para que sea sea “una actividad económica legal, transparente, controlada y que contribuya a las arcas públicas”. Imagen Shutterstock

En este sentido coincide con Estalella, quien ha querido dejar claro que “no vamos contra la libertad de las personas a alquilar su propiedad; lo único que pedimos es que, como oferta turística, cumplan con las reglas del juego en materia de legislación, fiscalidad, etc., con el fin de dotarle de mayor transparencia y garantías”. En suma, que sea “una actividad económica legal, transparente, controlada y que contribuya a las arcas públicas”.

No en vano, explica el secretario general de CEHAT, “uno de los problemas que genera la oferta no regulada es la insatisfacción del cliente, pues al tratarse de un alquiler entre particulares, ante cualquier problema que surja, que el producto no se ajuste a la oferta publicada por ejemplo, no tienen ninguna forma de hacer pública su protesta. La imagen de la oferta alojativa española, número uno en relación calidad-precio de Europa, puede verse así dañada. Esta opacidad nos genera problemas a todos”.

Pero es que además, añade, “la mayoría forma parte de la economía sumergida porque no declara ingresos y comete fraude a la Seguridad Social, pues el personal de limpieza, por ejemplo, no está dado de alta, lo que les genera unos costes infinitamente menores con los que hacen una enorme competencia a la oferta legal, no en satisfacción del cliente pero sí en precio”.

Así, aunque es imposible cuantificar el volumen de la economía sumergida en turismo en España, como reconoce Estalella, “algunas fuentes apuntan que es casi tan importante como la legal. Para hacernos una idea basta con consultar las estadísticas de los visitantes internacionales que se alojan en viviendas de familiares y amigos, muchos de los cuales están haciendo uso de esta oferta alegal que representa un volumen gigantesco gracias a su comercialización a través de internet. Sólo hay que consultar en Google las propiedades disponibles en las diez primeras páginas webs de este tipo”.

Posible solución

Por todo ello Estalella aboga por “controlar a través de estas webs si están cargando el pertinente 10% de IVA, mientras Hacienda puede enviar un escrito a los propietarios pidiéndoles que se den de alta en el correspondiente registro de la Consejería de Turismo de su Comunidad Autónoma”.

La futura legislación, en su opinión, “no debería intentar regular qué componentes debe integrar cada tipo de alojamiento porque son infinitos y se equivocaría seguro”.