La plataforma antimorosidad alerta contra la nueva normativa del IVA

Según la entidad, “este colectivo, en su mayoría micropymes y pequeñas empresas, puede verse perjudicado por el hecho de que su potencial cliente pueda preferir contratar al resto de empresas que siguen funcionando con el tradicional criterio de devengo en vez de con el nuevo de caja, para así poder continuar pagando a su proveedor mucho después de comprar el producto o de recibir el servicio prestado. Esto es, las empresas que se acojan podrían perder clientes”.

Además, “parece ser que al final de año estas empresas deberían regular aquellos importes en concepto de IVA que finalmente no se hubieran liquidado por parte de los clientes y liquidando los pagos con Hacienda”, añade.

La plataforma recomienda que el cambio de criterio del IVA “se amplíe a todas las empresas independientemente de lo que facturen o, como mínimo, que se acote su calendario de aplicación. Si el escollo hasta ahora eran los problemas técnicos, no se explica que la medida se dirija solo a unos pocos y deje fuera al resto”.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Si no se incluyeran a todas las empresas sin excepción, entonces “sería necesario implementar una de nuestras últimas propuestas que consiste en aplicar el principio de inversión del sujeto pasivo en la liquidación del IVA, para que sea el deudor moroso quien pague el IVA de la factura, como debería haber hecho de haber realizado el pago, no lastrando la tesorería del cliente, que además de no cobrar, en la actualidad se ve obligado a liquidar un IVA que no ha cobrado”, explica la plataforma.

Recargos para las Administraciones morosas

Por otra parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado a la plataforma su intención de poner en marcha una ley antes de final de año para que las Administraciones que no paguen a 30 días tengan que hacer frente a recargos por sus impagos.

Según la plataforma contra la morosidad, de las 500.000 empresas (200.000 pymes y 300.000 autónomos) que han cerrado en España desde que se inició la crisis, al menos un tercio se vieron obligadas a cesar su actividad debido a la morosidad.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de un millón de empresas, que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos. Ver también La morosidad provoca el cierre de un tercio de las empresas y autónomos