Los apartamentos turísticos de Barcelona se sienten perseguidos

¿Cuántos apartamentos y plazas representa Apartur en la actualidad?

En la actualidad, el censo de licencias de viviendas para uso turístico en Barcelona es de 5.462. Apartur representa a un 80% aproximadamente de estas licencias, es decir, unas 4.300.

¿Cómo afectará al sector el hecho de que la nueva Ley de Alquiler excluya a la vivienda turística que hasta ahora se alquilaba por temporadas y que pasa a depender de la normativa turística de cada comunidad autónoma?

Durante su trámite parlamentario ha habido una presión muy fuerte por parte del sector hotelero para sacar adelante esta modificación legislativa que, por cierto, sólo ha sido aprobada con los votos del Partido Popular. El problema de esta ley es que atenta contra el derecho de los ciudadanos a obtener un rendimiento de sus propiedades y también el de los turistas a elegir el alojamiento turístico que prefieran.

Fruto de esta presión hotelera, los apartamentos turísticos han sido excluidos de la Ley de Alquiler. Lo que sentimos es que nadie nos haya explicado los motivos concretos de esta modificación.

Estos cambios eran absolutamente innecesarios porque las competencias, en la mayoría de los casos, corresponden a las comunidades autónomas y Catalunya ya fue pionera en esta materia.

¿Cómo les está afectando el Plan de Usos de Ciutat Vella en Barcelona que se aprobó en abril de 2013?

El Plan de Usos de Ciutat Vella, en Barcelona, perjudica gravemente al sector porque, por una parte, endurece la moratoria sobre la concesión de nuevas licencias, decretada en 2005, y por otra supone un agravio comparativo respecto a otras actividades turísticas como ‘la barra libre’ que se concede a los hoteles. Lo peor de este caso es que desde el Ayuntamiento nadie nos ha explicado los motivos exactos de este hostigamiento hacia el sector de los apartamentos turísticos.

En Ciutat Vella tenemos el mismo número de licencias que hace 8 años, es decir, 614. El Ayuntamiento nos hace pagar los platos rotos de una masificación turística en esta zona de Barcelona que requiere un plan transversal con actuaciones conjuntas y globales y que, obviamente, no pasa por la prohibición de los apartamentos.

Mientras el alquiler turístico es una tendencia imparable a nivel mundial -sólo hay que fijarse en el modelo adoptado por Berlín que apuesta claramente por este tipo de alojamiento- en Barcelona inexplicablemente las autoridades municipales se mueven en sentido contrario.

¿Creen que hay exceso de regulación en el sector? Si es así, ¿a qué lo atribuyen?

Cataluña fue una de las comunidades pioneras en la regulación de esta actividad turística y ha ido adaptándola a la coyuntura. La última modificación data de diciembre de 2012. Nos parece bien que la regulación se deje en manos de las comunidades autónomas siempre y cuando haya un diálogo fructífero con el sector.

Los problemas surgen si las competencias están desperdigadas entre administraciones porque entonces cada una quiere meter baza en el asunto y corremos el riesgo de que se solapen. Este es un riesgo a evitar si los ayuntamientos quieren regular en exceso los apartamentos turísticos.

David Riba, presidente de Apartur (Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona).

¿Cree entonces que los hoteleros y las asociaciones de vecinos han cargado las tintas contra los apartamentos turísticos?

El sector hotelero siempre ha tenido un peso muy fuerte y una poderosa influencia en España, sobre todo en una ciudad tan turística como Barcelona. Los hoteleros consideran que los apartamentos turísticos representamos una competencia desleal, cuando en realidad somos nosotros mismos quienes sufrimos directamente las consecuencias negativas de los apartamentos ilegales. Nos restan clientes, competitividad y degradan la calidad del servicio que los apartamentos regularizados nos hemos impuesto.

No es de recibo que el sector hotelero nos meta a todos –legales e ilegales- en el mismo saco. Ellos saben que están tergiversando la realidad. Nosotros cumplimos una serie de requisitos legales como disponer de un teléfono de atención las 24 horas y un gestor para solucionar cualquier eventualidad. Y cumplimos punto por punto lo que establece la ley.

¿Tan difícil es la convivencia entre los dos sectores?

El sector hotelero no es consciente de que ambos modelos, hoteles y apartamentos, pueden convivir perfectamente. No hay razones para estar enfrentados.

Por otra parte, entendemos que en Ciutat Vella, por su propia configuración urbanística y poder de atracción turística, la sensibilidad de los vecinos respecto a este fenómeno no sea la misma que en otras partes de la ciudad mucho más ‘esponjosas’ y menos densas. Nosotros somos los primeros interesados en que no se produzcan incidentes en los apartamentos.

Pero también hay que entender que en Ciutat Vella han proliferado toda clase de establecimientos, como residencias de estudiantes, albergues de juventud, algunos de ellos ilegales. También existen las pensiones a las que, por cierto, no se obliga a reubicar en viviendas únicas como se nos exige desde el Ayuntamiento de Barcelona a los apartamentos turísticos, cuando la densidad de personas en un edificio de vecinos es más elevada que en los apartamentos.

¿Ha realizado Apartur alguna estimación sobre el intrusismo: por cada plaza registrada, cuántas no registradas creen que se pueden estar vendiendo en Barcelona?

Como toda actividad ilegal, es imposible realizar una medición objetiva y exacta. El intrusismo supone una competencia desleal para quienes cumplimos todos los requisitos legales y un desprestigio para quienes ofertamos unos elevados estándares de calidad. Es imposible de cuantificar, pero no es verosímil la cifra que ha proporcionado el Ayuntamiento de Barcelona: una horquilla de entre 1.000 y 8.000.

¿Qué impacto está teniendo el auge de webs P2P, tipo Airbnb, que facilitan a particulares ofrecer habitaciones o pisos a otros particulares?

El problema no radica en el P2P en sí, que puede ser un magnífico modelo. El problema se origina en primera instancia en quienes actúan al margen de la ley y, en segunda instancia cuando, al igual que sus homólogos del sector de las descargas, el portal P2P se desentiende de su responsabilidad de respetar la legislación del sector en el que interviene, en este caso el del alquiler turístico. Máxime cuando cobra directamente por su intermediación.