Los chiringuitos se quedan

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, con la oposición del grupo mixto y de PSOE y la abstención de CiU, insta así al Ejecutivo a ofrecer garantías y seguridad jurídica al sector de manera compatible con la protección del patrimonio litoral español.

Se trata, según el diputado del PP Carmelo Romero, de “compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales que contribuyan a paliar la crisis en que estamos inmersos. Los chiringuitos, uno de los mayores reclamos turísticos de nuestro país, son un factor dinamizador de nuestro turismo y por ello hay que cuidarlos y dotarlos de seguridad jurídica”.

Por ello Romero ha pedido al Gobierno que preste “todo el apoyo necesario” a la Federación de Hostelería, Confederación de Empresarios y demás asociaciones afectadas, en colaboración con las comunidades autónomas, en la búsqueda de soluciones ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Nuevos chiringuitos

El diputado del PP ha admitido que la iniciativa y la próxima reforma de la Ley de Costas abren la puerta a que “si el Gobierno lo estima conveniente” se concedan nuevas licencias de chiringuitos, porque es “voluntad de este Gobierno que se mantengan los que hay y que los que pudieran solicitarse se establezcan con garantía de que se preservan las condiciones de la playa en la que están y se pongan en condiciones”.

De hecho, la de la Ley de Costas es una de las tres reformas de Rajoy que más afectarán al turismo, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo.

En este sentido también se pretende poner en marcha planes para homogeneizar todos los chiringuitos de un mismo municipio, con el fin de adaptar los requerimientos de protección ambiental y uso público del litoral español, ofreciendo un servicio público de máxima calidad”.

Oposición

El PSOE ha presentado una enmienda que ha sido rechazada en la que apostaba por mantener la Ley de Costas vigente porque “garantiza el uso público, común y gratuito de los ciudadanos y porque es preciso buscar un equilibrio entre la protección del entorno y el desarrollo económico".

Por su parte Izquierda Plural se ha opuesto a esta "iniciativa trampa" porque “sabe que detrás se encuentra la inminente modificación de la Ley de Costas que volverá a un modelo basado en la privatización del modelo público, que tendrá efectos devastadores para el turismo y el medio ambiente”.