Uruguay tiene dos propuestas para recuperar la conectividad aérea antes del verano

Sin embargo, al representante de Cosmo se le venció este martes el plazo para pagar la comisión del remate (0,5% del precio, unos US$ 835.000) y la aerolínea española ha incumplido con esta obligación. La firma española tiene que completar antes del 1 de noviembre el pago de los US$ 137 millones que ofreció por los siete aviones.

Las dos propuestas

Este martes, César Iroldi, de la Mesa Directiva de la Organización de Funcionarios de Pluna, entregó al presidente Mujica una propuesta para crear, junto a inversores privados uruguayos que no identificó, una nueva aerolínea de bandera para operar con aviones de la ex Pluna las frecuencias del puente aéreo y las regionales que resultaban más rentables a la empresa. Este plan incluye emplear a entre 400 y 450 trabajadores de Pluna. Iroldi consideró que esta propuesta es incompatible con la de BQB y que, en el caso de convivir, sería necesario ser riguroso en cómo regular el uso de las frecuencias.

La propuesta que la aerolínea BQB dejó en el escritorio del mandatario -y pasó a estudio de una comisión del Poder Ejecutivo- es un plan para operar las líneas que la compañía Pluna dejó vacantes tras su cierre en junio. El proyecto de Juan Carlos López Mena, presidente y fundador de Buquebus (BQB), la principal empresa de transporte fluvial de pasajeros entre Uruguay y Argentina, propone varios puntos: pagar 500.000 dólares (388.000 euros) mensuales de alquiler por las aeronaves, obtener los permisos para operar las frecuencias que el fideicomiso de Pluna mantiene reservadas, contratar a un cierto número de empleados cesantes de la ex línea de bandera uruguaya y obtener inmunidad respecto a futuros reclamos contra Pluna.

La empresa BQB hizo público un comunicado en el que confirma que negocia con Cosmo el alquiler de los siete aviones Bombardier CRJ 900 por los cuales el 1° de octubre ofertó US$ 137 millones.

Un verdadero 'plunagate'

Las derivaciones de la subasta de siete aviones de la clausurada aerolínea Pluna alcanzaron en Uruguay las dimensiones de 'plunagate', con repercusiones políticas y planteos a nivel de la Justicia. El comprador, que se presentó en la subasta como Antonio Sánchez, vicepresidente de Cosmo Líneas Aéreas de España, resultó ser Hernán Calvo, exgerente de la empresa Buquebus en España.

Tanto Buquebus, que maneja el 90% del tráfico fluvial entre Uruguay y Argentina -unos dos millones de pasajeros- como la recientemente creada aerolínea BQB, son propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena. Dos días después de la subasta, el ministro de Economía Fernando Lorenzo fue sorprendido en un almuerzo junto a López Mena y su hijo Juan Patricio López (CEO de BQB) y el todavía misterioso Sánchez/Calvo.

En el gobierno nadie reconocía algún vínculo previo entre Hernán Antonio Calvo Sánchez ni respondía por qué el llamado “hombre a la derecha”, como lo describió el rematador Mario Stefanoli en el momento de la subasta, se había presentado al remate con su segundo nombre y su apellido materno.

El ministro de Transporte, Enrique Pintado, dio como respuesta que a un oferente en una subasta no hay por qué revisarle los antecedentes y mencionó que Pelé, por ejemplo, se llama Edson Arantes do Nascimento pero todo el mundo lo conoce como Pelé.

Este martes, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, expresó que “el gobierno no se siente engañado por la persona que ofertó en la subasta, ya que presentó toda la documentación correspondiente".

Lorenzo y Pintado, en conferencia de prensa respondieron sobre el papel de la empresa española Cosmo. También fueron consultados por la situación respecto al pago de los honorarios de los rematadores, 835.700 dólares (648.000 euros), cuya prórroga venció ayer sin haber sido cubierto. "La garantía para los rematadores está clara. No hay forma que la garantía no los cubra", indicó el ministro Lorenzo.

El presidente de la Asociación Nacional de Rematadores dijo este martes que corresponde acudir a la vía judicial. Los asesores jurídicos de la institución estudian reclamar el pago contra el aval de 13,6 millones de dólares (10,55 millones de euros) que Cosmo entregó para poder participar en la subasta. El aval fue extendido por el Banco República, algo que es cuestionado desde la oposición política, ya que fue extendió a una empresa casi desconocida en España y sin antecedentes en Uruguay.