Luz verde a la liberalización del transporte ferroviario

El pasado viernes, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el decreto para la liberalización del transporte ferroviario de viajeros. La primera reacción de los sindicatos ferroviarios fue denunciar el "desmantelamiento" del sector y endurecer su posición, ratificando la convocatoria de huelga que ya habían hecho para el 3 de agosto al primer anuncio del Gobierno de abrir a la competencia este transporte. Fomento llamó al diálogo y les convocó a una reunión, de la que salieron reafirmando su posición y previendo más jornadas de paro.

En el pleno del Congreso, el Real Decreto-Ley ha sido aprobado con 195 votos de PP, CiU y UPN. Tuvo 113 en contra, del PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y se produjeron 7 abstenciones de PNV y Coalación Canaria.

"El futuro de Adif, Renfe y Feve pasa necesariamente por su reestructuración que garantizará el ferrocarril público", ha asegurado la ministra de Fomento, Ana Pastor.

En su intervención en el pleno del Congreso para defender la reforma aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros, Pastor ha reiterado su compromiso de que contará con las comunidades autónomas, sindicatos y el resto de agentes del sector para abordar la reforma.

La titular de Fomento recordó que se trata de un transporte al que el Estado destina unos 2.500 millones de euros anuales por lo que debe ser eficiente y de calidad, insistiendo en que en estos momentos los tres organismos tienen en conjunto pérdidas anuales por 450 millones de euros y una deuda de 20.700 millones de euros.

La reforma del tren

Tras la reforma, Renfe se mantendrá como operador público de referencia. Será segregada en cuatro sociedades que asumirán las competencias de Viajeros, Mercancías y Logística, Fabricación y Mantenimiento, y Arrendamiento.

Feve se extinguirá en enero de 2013. Sus trenes y la prestación de los servicios pasarán a ser competencia y titularidad de Renfe y sus vías, a Adif. En cuanto a esta última empresa, reformará el sistema de cánones que cobra por la utilización de las vías y las estaciones de tren, con el fin de que cubran las inversiones y los servicios que se prestan.

Con esta restructuración, según Pastor se ahorrarán costes corporativos duplicados, se hará economía de escala y una racionalización de las vías. “Racionalización, eficiencia y preservación del carácter público” son los elementos claves de esta reforma, según la ministra.

En el marco de esta apertura, Fomento también "reestructurará" la actual oferta ferroviaria con el fin de "adaptarla a la realidad actual". Antes de fin de año, deberá presentar al Consejo de Ministros el listado de infraestructuras y conexiones de media distancia que "no presenten rentabilidad ni social ni económica" y, por tanto, pueden ser susceptibles de cierre.