La quiebra de Spanair cumple un año con 300.000 pasajeros y 2.600 trabajadores afectados
El informe provisional de la administración concursal recibe 24 impugnaciones
Publicada 28/01/13El cese de operaciones de Spanair cumplió ayer un año, dejando tras de sí una herencia de unos 300.000 pasajeros con billete en mano y en paro a 2.597 trabajadores. Es el llamado caso Spanair, sobre el que HOSTELTUR noticias de turismo ha venido informando en el último año.
El cierre de Spanair se desencadenó cuando la Generalitat confirmó el retiro de apoyo financiero a Spanair, unos 135,5 millones de euros de inversión, según cifras del Govern, y tras la ruptura de negociaciones con Qatar Airways (Caso Spanair: Qatar Airways no entra en Spanair y la Generalitat deja de invertir). Era la compañía que tenía más posibilidades de convertirse en su socio industrial con una inyección de 150 millones, aunque previamente Spanair también cortejó a Ethiads, Emirates, Turkish Airlines y al grupo chino HNA.
Fuentes sindicales han indicado que tan sólo se han producido una cincuentena de recolocaciones en Qatar Airways, Emirates, otras compañías del Golfo Pérsico y sudeste asiático, Vueling y Volotea en el caso de los tripulantes de cabina (TCP), mientras que unos 300 pilotos han encontrado empleo, pero fuera de España.
Han asegurado que estas recolocaciones se han producido por las gestiones propias de los empleados y no en el marco de la comisión creada por la Generalitat, que buscaba recolocar a los trabajadores de Spanair en 28 aerolíneas, después de que el juez aprobara el ERE para los 2.600 trabajadores un mes antes del plazo.
Las mismas fuentes han señalado que los trabajadores tampoco han cobrado las indemnizaciones, 20 días de salario por año trabajado con un tope de 12 mensualidades a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), pese a que se preveía que el pago se iniciase en abril de 2012, mes en el que los trabajadores de Spanair comenzaron a cobrar el paro. En este sentido han apuntado que tan solo han percibido las nóminas pendientes de enero y febrero del año pasado.
El abogado y portavoz de la asociación de afectados por el cese de operaciones de Spanair, Cándido Conde-Pumpido Varela, ha explicado a Europa Press que la cifra total de afectados por la quiebra de la compañía aérea asciende a 300.000 pasajeros, de los que 50.000 han comunicado sus créditos al concurso y de éstos han sido eliminados 20.000, que corresponden a los que han podido recuperar su dinero por haber pagado sus vuelos con tarjeta de crédito.
Informe concursal
El informe de la administración concursal reveló que las deudas de Spanair alcanzaban 508,65 millones de euros, casi 35 millones más que el pasivo declarado. Los activos de la sociedad están valorados en 53.887.310 euros, y los créditos generados desde el inicio del procedimiento alcanzan los 78.810.002,58 euros, de los que la partida más importante son las indemnizaciones por despido de personal, una cifra que asciende a 76.200.864,10 euros.
Fuentes judiciales han confirmado que se han vendido algunos activos de Spanair, y todavía está activo el proceso de impugnaciones de los créditos, tras recibir 24 impugnaciones de las que se han resuelto nueve. Por ello se prevé que la administración concursal presente su informe definitivo en Semana Santa, que será cuando se abra la fase de liquidación, retrasando así un proceso que se preveía cerrar a finales de 2012.
Desde los sindicatos han apuntado que algunos trabajadores se han unido en grupos para presentar impugnaciones, y Conde-Pumpido ha señalado que se han recuperado cerca de 12 millones en concepto de billetes no reembolsados y que la administración concursal reclamará a las agencias de viajes los quince que quedan pendientes.
A pesar de ello se ha mostrado escéptico sobre las posibilidades de que pasajeros y trabajadores puedan recuperar su dinero, ha augurado que las deudas de la aerolínea volverán a subir en el informe definitivo y ha insistido en que el concurso se declare culpable para que los afectados puedan cobrar.
Spanair, que se fundó en 1986 y que desde 2003 formaba parte de Star Alliance, recibió 135,5 millones de la Generalitat, y el Ayuntamiento de Barcelona admitió que sus aportaciones ascendieron a 50 millones.
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