El Gobierno español no responde al Congreso sobre los controladores aéreos

Según ha conocido en forma exclusiva HOSTELTUR, noticias turismo, al caso que llevan las autoridades europeas, se ha sumado ahora el hecho de que el Congreso de los Diputados haya decidido iniciar un procedimiento de amparo contra las autoridades aeronáuticas españolas, con el fin de que entreguen la documentación demostrativa de que el Ministerio de Fomento y Aena cumplieron con la normativa europea de prevención de riesgos laborales y salud laboral, Directiva 89/391/CEE, en España Ley 31/1995, para modificar la jornada laboral a los controladores aéreos, de forma que ello no vulnerara la seguridad aérea, en atención a la nueva información recibida de ATC Petition.

En su último escrito, la Comisión sugirió a la asociación de controladores iniciar un procedimiento judicial en España con el fin de denunciar el presunto incumplimiento de la directiva europea, y complementar el procedimiento europeo en curso.

La CE pregunta porqué el Gobierno español no responde al Congreso sobre los controladores aéreos

la directora de Salud laboral europea ampara a cada uno de estos 650 controladores españoles que habían firmado una carta de exención de responsabilidades por lo que pudiera pasar, luego que Aena suspendiera la aplicación de la normativa europea, ya que el número de notificaciones de incidentes aéreos aumentó un 96%, lo cual causó alarma entre las autoridades europeas.

Amparo europeo

El pasado 28 de febrero la directora europea de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral, Maria Teresa Moitinho, envió una carta al presidente de la asociación de controladores aéreos ATC Petition. En esa nota, haciendo referencia a los centenares de denuncias de controladores aéreos en activo sobre incumplimientos por parte de las autoridades españolas de la normativa comunitaria, Moitinho confirma la investigación de las mismas y de los ¨nuevos datos¨ aportados por la asociación ATC Petition.

El portavoz de ATC Petition señala que “los nuevos datos aportados han forzado la intervención del presidente del Congreso de los diputados, Jesús Posadas, ante los crecientes indicios de ilegalidad planteados por la diputada Ascensión de las Heras, portavoz de Fomento en el Congreso, y Pilar Vera, presidenta de la asociación de víctimas del vuelo de Spanair JK5022, organización que ha venido denunciando el caso”.

Acciones legales

Esta semana ATC Petition previsiblemente firmará un acuerdo con el bufete Montero-Aramburu por el que dos exfiscales andaluces de reconocido prestigio –Alfredo Flores, fiscal jefe provincial de Sevilla durante 22 años, y José María Calero, con más de 17 años - asumirán la defensa legal de esta asociación “en un proceso judicial que podría activar la responsabilidad civil del Estado ante los múltiples demandantes por el ‘caos aéreo’ -operadores turísticos, líneas aéreas, particulares-“, destacan desde ATC. Específicamente ejercerá acciones encontra del Ministerio de Fomento, Aena y el Ministerio del Trabajo que, asolicitud del gestor aeroportuario, permitió la violación de la normativa europera.

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En un documento al que ha tenido acceso este medio, Montero-Aramburu -ante la documentación aportada por ATC Petition- solicitará la adopción de medidas cautelares que implicarían la suspensión y posterior anulación de las sanciones contra los controladores aéreos españoles.

Origen de la trasgresión

Hasta febrero de 2010, Aena garantizaba la capacidad sicofísica de todos los controladores españoles al disponer de un “documento de aceptación de carga de trabajo” que debían firmar. Esa obligación de consulta al trabajador, establecida en la directiva 89/391 CEE, fue eliminada por el decreto Ley 1-2010, de febrero de ese año, promulgado dos meses después como la ley española 9-2010, mediante el cual el Ministerio de Fomento convirtió las horas extras que hacían los controladores en jornada laboral, elevándola en más de un 32%, hasta 1.670 horas/año con descansos reducidos, equivalente a 1.803 horas en ICCP. Para hacer esta modificación, Aena tendría que haber sometido a los controladores a un estudio de seguridad y riesgos que no hizo.

En noviembre pasado la asociación española ATC Petition, en representación de más de 600 controladores aéreos, ha denunciado ante la Comisión Europea (CE) denunció al Gobierno español por comprometer la seguridad aérea, dada la reiterada trasgresión de la directiva 89/391/CEE, normativa europea de observancia obligatoria que en España es la Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos laborales, cuyo incumplimiento comprometería la seguridad aérea en el país, al aumentar desproporcionadamente la carga de trabajo de ese colectivo y que, de hecho, provocó el mayor número de incidentes aéreos de la historia de la aviación civil en Europa, según Eurocontrol.

La Comisión Europea (CE) comenzó entonces la fase de comprobación de la denuncia sobre la actuación de Aena en 2010 y ha iniciado un proceso de investigación -CHAP 2012/2902-.

Al tener conocimiento del caso, la Comisión de Fomento abrió una investigación pero terminó iniciando un proceso de amparo, ante la falta de respuesta gubernamental a la solicitud realizada en noviembre pasado por la portavoz de la Comisión, Ascensión de las Heras (IU), quien exigió al Gobierno el estudio de seguridad y riesgos que Aena y el Ministerio de Fomento debían efectuar a los controladores, previamente a aumentar las horas de su jornada laboral.