Visto para sentencia el juicio contra el ERE en Paradores

En la vista judicial de este martes por la demanda de impugnación de los sindicatos minoritarios CUT y CGT, así como el comité de empresa de Santiago de Compostela, a la que también se ha adherido el sindicato gallego CIG, los demandantes aluden una falta de legitimación de la comisión negociadora y la “insuficiente” justificación de los datos económicos para acometer el ERE.

El comité de empresa del Parador de Santiago se ha unido a los sindicatos minoritarios en la impugnación del ERE de Paradores.

La defensa, representada por un abogado del Estado, sostiene que el comité intercentros, compuesto por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, con una representatividad del 97% de la plantilla, tenía competencia para negociar el ERE al haber sido establecido así por las secciones sindicales.

Además, aduce unas pérdidas de 87,5 millones de euros en el periodo 2007-2012, que aumentaron a 107,8 millones de euros en 2012-2013, avaladas por un informe realizado por el economista Juan Carlos Rosillo, que ha acudido a la vista en calidad de testigo, así como un consultor que han destacado la caída de la demanda interna como factor determinante de la situación de la compañía.

Sindicatos minoritarios

Por su parte, el abogado del sindicato CGT ha explicado que la supuesta vulneración de derechos fundamentales de las centrales minoritarias se produjo al haber sido excluidas de las negociaciones del acuerdo alcanzado el 2 de enero, obviando los convenios colectivos y comités de empresa propios de los Paradores de Santiago de Compostela y León.

Otro de los motivos expuesto por los demandantes ha sido que “no se puede considerar a Paradores como una empresa privada más, sino que en sus estatutos se ve una función de interés general, de servicio al ciudadano, por lo que debe considerarse como Administración pública”.

Para solicitar la nulidad del ERE los sindicatos minoritarios argumentan que las pérdidas “no implican la puesta en peligro de su viabilidad futura” y que “se han imputado a Paradores gastos que no le corresponden”, como los 91 millones de euros de las inversiones realizadas en los establecimientos de Cádiz y Alcalá de Henares, que en su opinión deberían repercutirse a Turespaña.

El juez ha establecido tres días para la valoración de una prueba documental presentada por Paradores a petición del abogado del sindicato CGT.

Desde Paradores han emitido un comunicado en el que recuerdan que “el pasado 2 de enero se acordó un Expediente de Despido Colectivo, junto con otras medidas de flexibilidad, acuerdo que se firmó con los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, que ya está en aplicación y que ha conseguido los ahorros necesarios que permiten a la empresa asegurar su viabilidad y supervivencia en la actual coyuntura económica”.

Adhesiones voluntarias al ERE

El expediente pactado en enero con los sindicatos ha supuesto finalmente el despido de 350 trabajadores de la red, 294 menos que los 644 inicialmente previstos, según se recoge en ‘Acuerdo entre Paradores y sindicatos: 350 despidos y sin cierres definitivos’. Por el momento unos 172 empleados se han adherido voluntariamente.