Viviendas de alquiler para turistas: ¿estamos criminalizando la oferta?

El año pasado, un total de 5,78 millones de turistas extranjeros que viajaron a España durmieron en viviendas alquiladas. Es decir, uno de cada diez viajeros opta por este fórmula de alojamiento.

Este volumen ha evolucionado al alza durante el último lustro, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera y económica en 2007. Aquel año, el número de turistas que pernoctó en viviendas regladas ascendió a 4,37 millones de personas (el 7,5% del total de viajeros extranjeros).

¿Qué causas puede haber tras esta tendencia al alza de la vivienda de alquiler? Podríamos identificar tres razones:

1) Factor precio. En un entorno de crisis, los turistas extranjeros que viajan a España reducen su presupuesto de viajes y optan por viviendas de alquiler, esperando encontrar precios más económicos que el alojamiento hotelero, sobre todo si viajan en grupo.

2) Tendencias sociales. Familias y amigos optarían por viviendas de alquiler porque desean mayor libertad que la proporcionada por un hotel convencional y buscan al mismo tiempo una manera diferente de "vivir" un destino.

3) Auge de las webs p2p. Empresas como Airbnb, Homelidays o HomeAway han facilitado enormemente que particulares puedan alquilar pisos, casas o sólo habitaciones -con y sin servicios- a otros particulares. Es la tendencia "Peer to Peer" (p2p), de igual a igual. La consultora Euromonitor afirma en su reciente informe de tendencias globales 2013 que este tipo de negocio irá a más en los próximos cinco años.

Intrusismo

El Plan Nacional Integral de Turismo, aprobado en 2012, reconoce que "se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado en el turismo".

"Sin embargo, el uso de la oferta de alojamiento no reglado podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal que van en contra de la calidad y de la competitividad de los propios destinos turísticos", afirma el PNIT.

Hasta ahora, las viviendas de alquiler de uso turístico se regulaban a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Pero el Gobierno quiere sacarlas de ahí y endosar su regulación y control a la normativa turística de cada comunidad autónoma.

El alquiler de habitaciones, pisos o casas crece como fórmula de alojamiento entre los turistas extranjeros que viajan a España. Imagen Shutterstock

Fiscalidad y calidad

En la noticia Nueva ley contra apartamentos piratas y falso turismo rural, un lector de HOSTELTUR exponía: "AirBNB y similares es algo a regular y de forma urgente: se les tiene que pedir lo mismo que a cualquier otro establecimiento hotelero: desde requerimientos fiscales (IVA, IRPF, facturación) , notificación a la policía, seguro de responsabilidad civil, requisitos mínimos, salubridad... Lo contrario se llama competencia desleal".

Otra lectora añadía: "Como propietaria de apartamentos turísticos estoy indignada con los apartamentos ilegales que aparecen en webs por todos conocidos y que no responden ni a la calidad del servicio ni a las normas que se nos exigen a todos nosotros".

En otra información más reciente (Los apartamentos ilegales afectan a la marca España y potencian la economía sumergida) otro lector advertía: "Si no se encuentra una solución adecuada y razonable, que a mi entender debe de ser fiscal, podemos perder muchos visitantes".

Y ayer mismo, un informe del Observatorio del Turismo Rural apuntaba que la ilegalidad es el gran problema del turismo rural para la mitad de los propietarios. A lo que el lector Arturo Crosby respondía: "Es una lástima que se focalice el problema en algo tan básico como el miedo a la competencia y denota, evidentemente unos fallos estructurales en la concepción empresarial y del conocimiento turístico, muy alarmantes".

Nuevo marco legal

Así entonces, la LAU será reformada a través de la futura Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, aún en fase de tramitación parlamentaria.

Mientras, las comunidades autónomas diseñan ya nuevas normativas para controlar las viviendas de alquiler de uso turístico. Ver como ejemplo: Madrid ultima un decreto para solucionar la ilegalidad en apartamentos turísticos así como Hoteles y viviendas de uso turístico, bajo una misma normativa en Cataluña.

Hay muchos intereses en juego: propietarios de viviendas, empresas que explotan apartamentos turísticos, webs comercializadoras de habitaciones, pisos y casas, hoteleros, casas rurales...

A través del debate público (que acaba influyendo sobre las decisiones políticas) corremos el riesgo de acabar criminalizando una oferta de alojamiento al alza impulsada por las nuevas tendencias del turismo, y a la que acuden uno de cada diez turistas extranjeros que viajan a España.

Pero en cualquier caso, la obligación del legislador es establecer reglas de juego que no distorsionen la competencia.