La regulación de alquileres turísticos en viviendas favorece la transparencia y la seguridad, según CEHAT

El Congreso de los Diputados aprobó la pasada semana la modificación de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, en cuyo artículo 5 letra e) menciona expresamente que se considera alojamiento privado para el turismo “la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico derivado de su normativa sectorial”.

Ante la controversia surgida en los medios en estas últimas semanas (ver 'Los apartamentos ilegales afectan a la marca España y potencian la economía sumergida' y 'Viviendas de alquiler para turistas: ¿estamos criminalizando la oferta?'), los hoteleros han desmentido la idea difundida de que “el Gobierno quería impedir que los particulares pudieran alquilar sus viviendas como una medida proteccionista hacia el sector del alojamiento actualmente regulado”.

Asimismo consideran un error la interpretación de determinados propietarios o gestores de webs de alquiler, que consideran que “esta regulación autonómica puede suponer un perjuicio a su actividad”.

CEHAT argumenta seis motivos para una regulación específica del alquiler turístico en viviendas privadas. Imagen Shutterstock

Por ello han expuesto “las razones fundamentales por las que el alojamiento turístico regulado lleva años demandando un control de este tipo de oferta”:

1.- Veracidad y transparencia

Se está produciendo un importante incremento de insatisfacción de los turistas que contratan alojamiento privado en internet, ya que la realidad que encuentran a su llegada no siempre coincide con lo ofertado. Como no existe ningún tipo de control administrativo se anuncian alojamientos con unas características que no son veraces para parecer más atractivos en la web.

2.- Seguridad jurídica

Al no estar regulada la oferta turística de viviendas particulares y no depender de las Consejerías de Turismo, los turistas que lo contratan no pueden reclamar tal y como lo harían si lo contratado tuviera una licencia turística, quedándoles normalmente la vía judicial. Esta vía es lenta y costosa y en muchos casos inaccesible para los visitantes extranjeros. CEHAT solicitará a las Comunidades Autónomas la creación de un registro de viviendas y que exista un régimen de inspección y control en caso de denuncia de los consumidores que conlleve sanciones similares a las que tiene que enfrentarse el alojamiento regulado en caso de falsedad de la oferta.

3.- Seguridad ciudadana

Todas las personas que se alojan en alojamiento regulado (hoteles, apartamentos turísticos, campings , hostales, fondas, pensiones, turismo rural …) han de firman una ficha de policía que se ha demostrado útil para la localización de delincuentes o personas en busca y captura. Al no existir esta obligación de información en las viviendas particulares por falta de regulación, está disminuyendo la seguridad ciudadana de forma notable, ya que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden obtener información de los movimientos de los ciudadanos nacionales y extranjeros.

4.- Economía sumergida

El alojamiento turístico regulado tiene que cobrar un IVA e ingresarlo en las arcas públicas. Asimismo se generan ingresos por impuestos por IRPF, sociedades, contribuciones sociales, tasas locales, etc., que acaban siendo una piedra angular de la recaudación fiscal española. Estas transacciones entre particulares por internet deberían tener el mismo tratamiento fiscal, tanto en IVA como en el resto de impuestos y tasas. Todos los subsectores turísticos deben tener una fiscalidad similar a fin de contribuir al sostenimiento de los servicios de los que todos disfrutan.

5.- Transacciones entre particulares

Muchas de las viviendas en alquiler pertenecen a ciudadanos extranjeros y son alquiladas por turistas extranjeros. Cuando esa transacción se produce por medio de una web extranjera y se ingresa en cuentas en el extranjero de un particular, el dinero no pasa por España, al contrario de lo que sucede cuando se alquila a un ciudadano español o a un establecimiento radicado en el país. Estos turistas que han pagado por los servicios en el extranjero disfrutan y utilizan todos los servicios públicos españoles (aeropuertos, carreteras, infraestructuras de aguas, recogida de basuras, mantenimiento de jardines públicos etc.). Por lo tanto sería deseable que las rentas generadas por viviendas en España tuvieran que ser pagadas en España al propietario de la vivienda turística, pudiendo posteriormente el propietario usarlas de la forma que quiera.

6.- Normativa sectorial

El sector del alojamiento regulado tiene que cumplir con infinidad de normativas que derivan de la legislación de todos los niveles de la Administración en lo referente, por ejemplo, a sanidad alimentaria, seguridad contra incendios, seguridad de edificios y normativa de piscinas, a fin de proteger al consumidor. Las viviendas particulares no tienen obligación de cumplir ninguna de estas normativas, lo cual es lógico, pero encarecen el producto final a ofrecer por lo que actualmente es legal y lo ideal sería que la cobertura de seguridad a los usuarios de viviendas particulares fuera al menos revisada.

Existen otros muchos argumentos a favor de una regulación específica, según indica la patronal hotelera. CEHAT “no es favorable a la creación de una legislación autonómica de categorización o clasificación de alojamientos, pero sí al menos que exista un registro y que los ingresos de estas viviendas dejen de estar en la economía sumergida si así fuera, y se añada seguridad jurídica a los usuarios”.

La Confederación concluye su comunicado haciéndose eco del caso de “la web de alquileres y viviendas particulares más importante del mundo, que ha sido declarada ilegal en Nueva York hasta que exista una regulación específica, ya que al igual que un ciudadano no puede usar su vehículo particular como si fuera un taxi, tampoco puede ofertar servicios de alojamiento turístico sin las garantías suficientes”.