¿Oferta legal frente a alegal... u hoteles frente a apartamentistas?

Como ha quedado demostrado a posteriori, hemos dado voz a todo el que ha querido opinar sobre el tema: mi compañero Xavi Canalis en ‘Viviendas de alquiler para turistas: ¿estamos criminalizando la oferta?’; el post de Joseba Cortázar sobre ‘Alquiler vacacional: ¿hay que prohibir un sector que genera 1.453 M €?’; o haciéndonos eco de un informe del Observatorio de Turismo Rural, que concluía que la ilegalidad es el gran problema del turismo rural para la mitad de los propietarios. Y estamos esperando a que nos contesten de Airbnb para conocer su postura ante esta situación. Más imparcial que eso…

Vuelvo a los que sorprendentemente se vieron atacados por el primer artículo que desencadenó la polémica. Nunca llueve a gusto de todos, está claro, pero mi sorpresa viene porque todavía hoy no entiendo cómo no se posiciona toda la oferta legal, que paga sus impuestos y cumple con la legislación vigente, frente a la que no lo hace. Y me da igual si son hoteles, apartamentos, alojamientos de turismo rural o campings. A ésos, a los legales, sí los meto a todos en el mismo saco, porque tienen que asumir unos costes para cumplir con la ley que no tienen los que ejercen esta actividad dentro de la economía sumergida.

Y ante algo tan sencillo, y tan complicado a la vez, como exigir que todos operen con las mismas reglas del juego, sea cual sea la modalidad de alojamiento, en lugar de posicionarse de una manera fuerte y unánime los que sí cumplen con ellas, pierden fuerza acusándose entre ellos de criminalizar a un sector como el de los apartamentos turísticos.

¿Por qué no se posiciona toda la oferta legal, que paga sus impuestos y cumple con la legislación vigente, frente a la que no lo hace? Imagen Shutterstock

En mi opinión, en ningún momento se identifica el apartamento con el concepto de ilegalidad. También hay casas rurales ilegales y seguro que hasta hoteles, pero la oferta mayoritaria en portales como Airbnb son viviendas individuales cuya oferta turística se asemeja a la del apartamento. Es decir, hay apartamentos legales, con todos los permisos en regla, e ilegales, que no pagan impuestos, que no ofrecen hojas de reclamaciones a los turistas insatisfechos y que no cumplen con las normas de seguridad, sanidad, etc., que sí se exigen en los establecimientos reglados, insisto, sean de la modalidad que sean. Ni caza de brujas ni criminalización ni mucho menos prohibición. Simplemente regulación.

Por ello no puedo estar más de acuerdo con Klaus Ehrlich que, en un comentario que escribió tras leer la polémica información, pedía un “control administrativo mínimo: entrar en un censo municipal y cumplir normativa urbanística”; y el “control fiscal de todo el mundo”. Para todos, incluidos los hoteles que, según relataba, al salir te preguntan si quieres factura.

Si es que esto no es una guerra entre hoteles y apartamentos, aunque algunos se empeñen en verlo así. En ambos tipos de alojamiento se hacen cosas bien y cosas mal. Pues bien, ¿los que cumplen con la legislación no deberían unirse para que todos los actores del sector operen con las mismas reglas?

En suma, añadía Ehrlich, “que haya censo, que se sepa quién es el propietario y titular, que tengan un seguro mínimo, que cumplan la normativa de habitabilidad y que paguen los impuestos que corresponden”.

En realidad, las posturas no son tan opuestas. Ramón Estalella, en la noticia ya citada, quería dejar claro que “no vamos contra la libertad de las personas a alquilar su propiedad; lo único que pedimos es que, como oferta turística, cumplan con las reglas del juego en materia de legislación, fiscalidad, etc., con el fin de dotarle de mayor transparencia y garantías”. Por tanto, que sea “una actividad económica legal, transparente, controlada y que contribuya a las arcas públicas”.

Regulación en manos de las CCAA

Mención aparte merece la decisión del Gobierno de dejar la regulación del alquiler turístico en viviendas vacacionales en manos de las comunidades autónomas, cuando se está trabajando por la unidad de mercado. ¿De verdad alguien confía en que las comunidades se pongan de acuerdo para que cualquier tipo de alojamiento en cualquier región de España cumpla con las mismas condiciones y exigencias? Llámenme desconfiada, pero lo dudo seriamente.